A ley proyecto que moderniza la legislación penal en materia de delincuencia organizada

Modernizar los delitos que sancionan la delincuencia organizada, aplicar el comiso de las ganancias y establecer técnicas especiales para su investigación son los objetivos de la iniciativa (boletín 13982) aprobada y despachada a ley por la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto, iniciado en mensaje, adapta la legislación nacional a las nuevas formas de organización criminal. En particular, consagra medidas especiales de protección de víctimas y testigos, similares a las que se encuentran establecidas en la Ley 20.000.

Asimismo, considera que la privación de los activos de estas organizaciones criminales es uno de los pilares fundamentales de la estrategia internacional para combatir este tipo de criminalidad.

La normativa moderniza el delito de asociación ilícita; regula de forma sistemática y orgánica las técnicas especiales de investigación; extiende el alcance de estas técnicas a todos los casos de criminalidad organizada; y amplía medidas especiales para víctimas y testigos.

Modificaciones

Respecto de modificaciones al Código Penal, se incorpora como circunstancia agravante, ejecutar el hecho formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer crímenes o simples delitos. Además, que ello haya facilitado la perpetración del delito o aumentado el peligro para la integridad física de la víctima o el hecho se efectuó con violencia, intimidación o engaño.

Asimismo, establece como regla general el hecho que toda sentencia condenatoria en materia criminal lleve consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Ello, incluidos frutos y ganancias, que serán transferidas a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Define como asociación criminal, a toda organización formada por 3 o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes. Así, se sanciona a quien tome parte en ellas con presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años).

Un castigo mayor se otorga a quien cumpla funciones de jefatura, ejerza mando, financie, provea recursos o medios, o haya fundado la organización. En tal caso, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).

Por otra parte, la iniciativa permite captar, grabar y el registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público. Ello, previa autorización del juez, a solicitud del fiscal, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hagan imprescindible para esclarecer los hechos.

Finalmente, entre otras normas, determina que el fiscal regional competente podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o reveladores. Esto, para esclarecer hechos que involucren la participación en una asociación delictiva o criminal.

Debate

En el análisis de la norma hubo varios alcances al funeral narco que obligó al cierre de varios colegios durante la jornada en Valparaíso. Se estimó como un ejemplo de que falta mano dura para este tipo de situaciones.

También se consideró que la propuesta contiene errores y que se vulneran garantías constitucionales. Igualmente, se acusó falta de nuevas herramientas investigativas para aquellos estamentos que hoy están colapsados. Por otra parte, se cuestionó la figura de los agentes encubiertos reveladores e informantes.

Otros resaltaron que el proyecto va a la medula, con normas especiales de investigación y atacando la riqueza que producen las organizaciones criminales. También se valoró que permitirá establecer la figura penal para la asociación delictiva y de acción criminal regulando las técnicas de investigación.

Participaron del debate Johannes Kaiser (IND), Francisco Pulgar (IND), Marta Bravo (UDI), Nathalie Castillo (PC), Daniel Lilayu (UDI), Luis Malla (PL), Hugo Rey (RN), Leonardo Soto (PS), Juan Fuenzalida (UDI), Miguel Mellado (RN) Sergio Bobadilla (UDI), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Cristhian Moreira (UDI), Mercedes Bulnes (IND), Sara Concha (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Gustavo Benavente (UDI), Alejandra Placencia (PC), Andrés Jouannet (IND) y Felipe Camaño (IND).

Ejecutivo

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que el proyecto es una herramienta legal que permitirá contar con más instrumentos para descubrir, sancionar y desarticular las distintas modalidades de crimen organizado.

Explicó que se basa en las experiencias de países que han enfrentado antes este camino. De tal forma, replica buenas practicas y trae a nuestra legislación instituciones que hoy están ausentes.

Precisó que el Gobierno es muy consiente de que la norma por si sola no basta. Por ello, sostuvo que hay una batería importante de proyectos referidos a materias de seguridad en trámite o por ingresarse.