Aborto y aborteros – OPINIÓN

• Opinión por Félix Torres Hevia, documentalista cinematográfico, colaborador de la Fundación Encuentro Democrático, magister (c) en estudios políticos.

Esta semana la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de aborto, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. 14 semanas, aproximadamente son un poco más de 3 meses de embarazo. Cantidad de meses de gestación que tenía Diana Frida Aron Svigilsky cuando el 18 de Noviembre de 1974 fue detenida, y llevada a un centro de detención donde fue torturada por el hoy condenado en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, Miguel Krasnoff, que en más de 80 sentencias sobre pasa los 1000 años de condena. Sobre el caso de Diana, Osvaldo Romo declaró: “fue ultimada por el capitán Krassnoff cuando ya no podía sacarle ninguna declaración. Krassnoff la agredió con tal brutalidad que le produjo una hemorragia, que todo el suelo quedó con un charco de sangre, que debe haber sido parte del feto que perdió por culpa de los apremios. Lo que más me impactó fue que Krassnoff salió de la sala de tortura con las manos ensangrentadas gritando: Además de marxista, la conchesumadre es judía, hay que matarla. Nosotros la asesinamos”.

Mientras el Senado aprobó en general —con 23 votos a favor y 22 en contra— el proyecto de ley que permite conmutar penas privativas de libertad por arresto domiciliario total a reos mayores de 75 años o con enfermedades graves, sin excluir delitos de lesa humanidad, se abre la puerta a que condenados salgan de Punta Peuco a sus hogares, como Miguel Krassnoff Martchenko (80 años, ex DINA), o Pedro Octavio Espinoza Bravo (93 años, ex DINA y Caravana de la Muerte), podrían beneficiarse por edad avanzada, éste último que entre otras condenas, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, que al momento de su detención se dirigía a un control por su embarazo de 5 meses. Se equipara a estos casos con delincuentes comunes como Julio Pérez Silva (violaciones y homicidios de 14 menores en Alto Hospicio).

Raúl Iturriaga Neumann, fue general del Ejército, subdirector y jefe de la DINA, ha solicitado reiteradas veces la conmutación de su pena. Está condenado por crímenes de lesa humanidad, como los efectuados en centro de detención “Venda Sexy – Discoteque”, en el que participaba, y donde Beatriz Bataszew Contreras y Nora Guillen Graff fueron testigos de torturas a mujeres embarazadas. Mismos centros de detención donde Haydee Oberreuter, detenida en 1975, tuvieron que vivir experiencias como las relatadas así:

“Para mi desgracia, me había quedado una cicatriz muy rebelde de la cesárea por mi primera hija. Con lo que me hicieron, la cicatriz se abrió y sangraba. Entonces, después de hacerme un falso fusilamiento, alguien tuvo la brillante idea de hacerme una “autopsia”. Agarraron un corvo y me hicieron un enorme tajo” (…) por esa herida entraron después cables con electricidad “y toda clase de cosas. Cuando empecé con síntomas de pérdida, eso era una fiesta. Gritaban que le estaban haciendo un servicio a la Patria eliminando a un terrorista […] Mi Sebastián, convertido en terrorista antes de venir al mundo, se quedó en el cuartel Silva Palma”.

Estos condenados y muchos otros, fueron parte de crímenes que atentaron contra niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas que ellos mismos hicieron abortar a fuerza de torturas. Estos criminales, amparados por un aparato cívico militar estatal, llevaron su guerra a esos vientres. En la misma semana donde se legisló para avanzar por la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, y cuando movimientos pro-vida aludían a la defensa de la santidad de la vida, la misma semana, se abrió la posibilidad para que criminales que provocaron abortos, y que no les importó en nada las “dos vidas”, puedan atenuar sus condenas. Este doble vínculo y comunicación incoherente, deja ver el doloroso y contradictorio valor de la vida en un país y legislación que no reconcilia y entorpece el camino a ésta, al no integrar lo que entiende por protección de la vida, en la mira sobre las lecciones posibles desde la historia, las señales punitivas ejemplares al respecto, y que se instituyen como referente futuros. ¿Pesa más la ideología y el oportunismo discursivo o podemos ser ecuánimes con lo que entendemos y constituimos como la “santidad de la vida”?