Tras visitar un jardín infantil de Las Condes para constatar cómo ha beneficiado la apertura de estos establecimientos al reingreso de la mujer a la fuerza laboral, el diputado Guillermo Ramirez (UDI) se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, e hizo un llamado a los diputados que la impulsaron a abandonarla.
El diputado, quien forma parte la comisión revisora de la acusación señaló: “Hemos recibido los últimos 10 días a múltiples personas: expertos en educación, expertos en temas de la niñez, apoderados, sostenedores, en la comisión que revisa la acusación constitucional, y la verdad es que todos coinciden en la urgencia de que los niños vuelvan a clases».
«No hay ninguna prueba de que sea más seguro o que sea más beneficioso para los niños y sus familias que se mantengan encerrados. Hay razones de salud mental de los niños, hay razones de posibilidades laborales de los padres, hay razones de socialización y de aprendizaje que exigen que los niños tengan que volver a clases lo antes posible«, agregó.
Finalmente, indicó: «Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a quienes promovieron esta acusación constitucional, para que la abandonen, porque están haciendo algo que va absolutamente en contra de los deseos de millones de padres en Chile».
«Creo que esta acusación contra el ministro Figueroa, que lo acusan de querer abrir las escuelas, es absurda, va en contra del deseo de los padres, y lo más importante va en contra de los intereses y del bienestar de nuestros niños en Chile», argumentó.
Desde Comunes, la diputada Camila Rojas defendió la iniciativa, sosteniendo que «lo absurdo es que el diputado Ramirez insista que la acusación se trata de volver o no volver a clases, no se trata de eso. Hemos sido bastante explícitos y si se leen los capítulos de la acusación se pueden dar cuenta, aquí estamos hablando de las condiciones en las que son posibles las clases presenciales, virtuales o de carácter híbrido».
«En el aseguramiento del derecho a la educación es donde nosotros hemos señalado que el ministro no ha entregado precisamente las condiciones para que ese ejercicio se pueda realizar», aclaró.
Cabe señalar que libelo acusatorio consta de tres capítulos: el primero está referido a la infracción a la Constitución y las leyes, en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo, el segundo capítulo se relaciona con el tema de las leyes que vulneran a los trabajadores de la educación, mientras que el tercer capítulo está referido a la amenaza a la integridad física y psíquica.
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