29 de marzo 2024

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  • Ramón Mayorga, académico de la Universidad de Magallanes (UMAG). Profesor de Derecho Público e Investigador en Derecho Migratorio y Derechos de los Migrantes, analizó las cifras entregadas por el INE con respecto a la llegada de extranjeros al país.

 Según los datos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 2020 la población extranjera residente en Chile creció sólo 0,8% en relación con 2019, cifra muy inferior a los registros de años anteriores cuando el incremento anual de inmigrantes llegó incluso a bordear el 20%, según explicó el académico de la Universidad de Magallanes, Ramón Mayorga, quien es investigador en Derecho Migratorio y Derechos de los Migrantes.

«Esta reducción obedece, sin duda, a las restricciones a la movilidad que los estados, incluyendo el Estado chileno, han adoptado para detener la pandemia del COVID -19, limitando la salida y también el ingreso de extranjeros no residentes», sostuvo el profesor. Y añadió que «el drama de las crisis económicas, derivadas de la crisis sanitaria, es también un factor que con seguridad ha incidido, puesto que, emprender un proyecto migratorio requiere de un mínimo de condiciones materiales para financiar un viaje.

A juicio del investigador se debe tener en consideración que existe un número importante de personas que llegaron al país y que no son visibles para el Estado y sus órganos, «al haber ingresado irregularmente al país, a través de pasos no habilitados principalmente en las fronteras del extremo norte».

En cuanto a la posibilidad de que este descenso sustantivo en la migración cambie una vez controlada internacionalmente la pandemia, Mayorga explicó que una vez levantadas las medidas restrictivas a la movilidad humana, adoptadas por la mayoría de los países para el ingreso de extranjeros no residentes, como ha sido el caso de Chile, «los flujos migratorios retomarán su fuerza habitual, aunque  esta vez, potenciados por las graves consecuencias de la pandemia en muchas de las economías de la región, que motiven a los migrantes a iniciar un proyecto de vida en países como Chile».

En este contexto, dijo, «es importante que las autoridades tomen conciencia que, aunque el derecho internacional reconoce competencia a cada país para el diseño y la implementación de sus políticas migratorias, estas no pueden ejercerse de manera plenamente discrecional, sino que en nuestro ordenamiento jurídico interno, como también los compromisos internacionales adoptados por Chile, demanda un estricto apego a la juridicidad, excluyendo la adopción de medidas lesivas de los derechos básicos de quienes migran».