Agrupaciones y dirigentes políticos reiteran llamado a aprobar Ley de Indulto General

La tarde de este lunes, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado analiza y discute, en su primer trámite legislativo, el proyecto de Ley de Indulto General para los detenidos del estallido social, que establece la remisión de la pena para quienes fueron detenidos desde octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del texto.

La iniciativa, ingresada el pasado 9 de diciembre y patrocinada por la presidenta del Senado, la PPD Adriana Muñoz, Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), considera otorgar beneficios a los detenidos por saqueo, robo con intimidación, desórdenes públicos, receptación, incendio, porte de arma y atentado explosivo o incendiario.

Por esto, la mañana de hoy, agrupaciones sociales, familiares y dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista se congregaron a las afueras del Palacio de Los Tribunales de Justicia, para exigir -entre otras cosas- la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva para los llamados presos de la revuelta.

Andrea, cuyo hijo se encuentra con cautelar de prisión preventiva desde octubre de 2019 por el delito de porte y lanzamiento de objeto incendiario, reconoció que su solicitud de libertad ha sido negada seis veces. «Todos los testigos del caso de mi hijo son carabineros».   

«Liberar a todos los presos del Estallido Social y la aprobación inmediata del proyecto de Ley de Indulto General. Justicia para todas las víctimas de las sistemáticas violaciones de los DDHH ejercidas por el Estado y el gobierno de Piñera”, es parte del petitorio de las organizaciones. 

En representación del Partido Comunista, el ex ministro Marco Barraza, reiteró el llamado a movilización para exigir la liberación de estas personas. «Todas las fuerzas políticas y el movimiento social, adopten con energía la lucha por la liberación de nuestras y nuestros presos políticos«. 

Para esta jornada en la comisión, se espera la exposición de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; el sacerdote Felipe Berrios; el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate; y familiares de los detenidos.

A 15 meses del estallido, organizaciones y familiares de pres@s de la revuelta llamamos a cambiar las cautelares que mantiene a jóvenes por más de un año en prisión preventiva a la espera de un juicio justo que no llega y que se impone como una pena anticipada que no corresponde pic.twitter.com/fYj873FMGD

— Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) January 18, 2021