La organización independiente Amnistía Internacional presentó su informe anual 2021-2022 que documenta el estado de los derechos humanos a nivel global y nacional. El director ejecutivo de la entidad, Rodrigo Bustos señaló que el gobierno de Sebastián Piñera, dejó “un legado sombrío en materia de derechos humanos, y ahora las nuevas autoridades que han asumido en el Gobierno y en el Congreso tienen la obligación de avanzar en saldar esas deudas”.
Por otro lado, enfatizó en algunas señales positivas, en el marco de las personas que resultaron presas durante el estallido social. “Ha habido algunas señales que nos han parecido valiosas como fue el retiro de querellas por ley de seguridad de Interior del Estado que había sido presentada durante el gobierno anterior. Es una ley que es bien cuestionable por la falta de bioprocesos, por los tipos penales que tiene, porque es una persecución que es realizada desde el Ministerio del Interior en muchos casos y no por parte de la fiscalía”.
Uso excesivo de la fuerza
Las protestas continuaron, aunque con menor intensidad a causa de la pandemia. La policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares.
En febrero, un malabarista callejero murió por disparos de un policía en la localidad de Panguipulli. La fiscalía de la región de Los Ríos presentó pruebas de que el disparo mortal se había efectuado mientras la víctima se hallaba inmovilizada en el suelo. Un agente estaba siendo investigado al finalizar el año.
En marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que las investigaciones sobre los más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019 y 2020 habían sido paralizadas. La Fiscalía Nacional declaró que casi la mitad de los casos bajo su responsabilidad se habían archivado sin que se hubieran presentado cargos. En mayo, el fiscal nacional ordenó a todos los representantes del ministerio público que revisaran sus casos y consideraran la posibilidad de abrirlos de nuevo si no se habían cumplido los criterios mínimos de investigación.
Durante el año se realizaron avances en algunas investigaciones, como las relativas a las lesiones sufridas por Gustavo Gatica y Fabiola Campillai y las emprendidas sobre la muerte de Manuel Rebolledo y Kevin Gómez.
La Fiscalía Regional de Valparaíso investigó al menos seis demandas presentadas contra el presidente Piñera y otros altos cargos y ex altos cargos gubernamentales por crímenes de lesa humanidad en virtud de la legislación chilena. En abril se interpusieron demandas contra altos mandos policiales por no tomar medidas para poner fin a la práctica constante de causar lesiones a manifestantes.
Al terminar el año, el Congreso estaba debatiendo varios proyectos de ley para simplificar el acceso de las víctimas a la reparación civil y prohibir expresamente la mala conducta policial, como el abuso sexual durante la reclusión y el uso de armas de letalidad reducida en el control de las protestas.
En junio, el presidente Piñera anunció la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos, si bien seguía sin establecerse al concluir el año. La reforma de los Carabineros (la policía chilena) anunciada en 2020 aún no se había implementado en la misma fecha.
Algunas víctimas de lesiones oculares contaron a Amnistía Internacional que el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) presentaba graves deficiencias.
Detención y reclusión arbitrarias
Tras el estallido social de 2019 y 2020, centenares de personas fueron detenidas y acusadas de delitos presuntamente cometidos durante las manifestaciones, lo que desencadenó más protestas exigiendo su liberación. Ninguna institución pública facilitó un listado exhaustivo de las detenciones; Amnistía Internacional recibió testimonios de varios casos de uso injustificado de la prisión preventiva. En algunos de ellos, las personas en cuestión habían permanecido en detención previa al juicio durante aproximadamente un año y después habían sido absueltas o el caso se había archivado por falta de pruebas.
En el Congreso estaba pendiente de debate un proyecto de ley para indultar a las personas acusadas en relación con el estallido social.
Derechos de los pueblos indígenas
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó el examen de la admisibilidad de un recurso presentado por José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, tres varones mapuches declarados culpables en un juicio injusto en relación con un incendio en el que habían muerto dos personas.
En mayo, la Corte Suprema confirmó las sentencias de siete expolicías y un abogado implicados en la muerte de un joven mapuche, Camilo Catrillanca, en las heridas causadas a un adolescente que lo acompañaba y en la obstrucción de la investigación sobre el caso. Las dos víctimas habían recibido disparos de la policía durante la persecución de los presuntos autores de un robo, en el que ninguno de ellos había participado. Se esperaba que tres de los exagentes policiales cumplieran penas de cárcel.
En abril, la policía hirió de bala al líder mapuche Alberto Curamil durante su arresto tras una manifestación, y después le negó el tratamiento médico inmediato. El acto se celebraba en apoyo a Elena Paine, una lideresa mapuche cuya casa había sido incendiada el día anterior.
Derechos sexuales y reproductivos
El Congreso rechazó un proyecto de ley que habría despenalizado el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, por lo que el aborto legal permaneció restringido a tres circunstancias específicas.
Chile alcanzó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que admitía la responsabilidad por la esterilización forzada en 2002 de una mujer con VIH, y aceptó adoptar medidas para garantizar el consentimiento informado y el acceso a los servicios de salud sin que las personas seropositivas fueran discriminadas.
Derechos de las personas LGBTI
Se aprobó un proyecto de ley que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el Congreso seguía revisando la legislación contra la discriminación.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Continuaron el hostigamiento y los ataques contra quienes defendían los derechos humanos. Por ejemplo, Verónica Vilches, activista que trabajaba en la defensa del derecho al agua en la provincia de Petorca, y Marcela Nieto, integrante del movimiento de mujeres en lucha contra la contaminación del aire y el agua en las comunas de Quintero y Puchuncaví —una de las “zonas de sacrificio” o territorios de Chile sometidos a daños medioambientales o desinversión económica—, recibieron amenazas de muerte.
En noviembre se presentó ante el Congreso una propuesta de ley para garantizar el reconocimiento de las personas defensoras de los derechos humanos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Miles de personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, intentaron entrar en Chile a pie a través de la frontera norte, cerca de la localidad de Colchane. Al menos 20 personas murieron en el contexto de una crisis humanitaria intensificada por la inacción del gobierno a la hora de facilitar alojamiento y ayuda a las personas que buscaban protección o proporcionarles recursos para apoyarlas.
En abril entró en vigor una nueva ley en materia de migraciones que limitaba severamente la capacidad de las personas migrantes y en busca de protección para regularizar su situación una vez llegadas a Chile.
Más de 500 personas fueron expulsadas sin el debido proceso en lo que podrían constituir expulsiones colectivas como parte de un plan gubernamental de deportación. En algunos casos, a estas personas se les informaba un viernes a última hora de que serían deportadas ese mismo fin de semana, lo que hacía más difícil impugnar la expulsión. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que, en un caso, la policía había engañado a varias personas de nacionalidad venezolana para conseguir que firmaran las órdenes de expulsión diciéndoles que eran los documentos de inscripción en registro.
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