1 de noviembre 2024

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«El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado (…) será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema», establece la propuesta aprobada por la Comisión de Derechos Fundamentales y que tendrá que ser votada por el Pleno en su próximo informe.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Isapres de Chile (AICH), Gonzalo Simon, señaló en una columna este miércoles en La Tercera que «las Isapres financian las atenciones de salud exclusivamente con los aportes de las personas afiliadas (3,3 millones), sin recibir ningún recurso del Estado, empleando casi íntegramente esos montos en prestaciones de salud».

«Pretender traspasar a toda la población a un sistema que no tiene la capacidad, es equivalente a saltar al vacío. No solo se estará precarizando el acceso y los servicios para los actuales usuarios de Isapres, sino que además se aumentará la carga y la presión sobre el sistema público, afectando la atención de los afiliados a Fonasa», agregó Simon.

Además, el artículo 18 establece que «los prestadores privados integrado al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento».

El convencional y vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), afirmó que «el cambio más relevante es la concepción de que las cotizaciones se mancomunarán y se juntarán para, de manera solidaria, financiar las prestaciones…Y eso va en línea con recomendaciones nacionales, como de la UCh y UC, y experiencias internacionales».

Ante este escenario, desde la AICH ven «con preocupación que la calidad, oportunidad y eficiencia en salud tienen los días contados (…) En definitiva, los convencionales no marginaron a las Isapres y a los prestadores privados, sino que dejaron a 3,3 millones de pacientes a la deriva».