La bancada parlamentaria de la Democracia Cristiana (DC) llamó a extender la ley anticortes de servicios básicos, normativa promulgada en agosto del 2020 que prohíbe la suspensión del suministro de luz, agua o gas por no pago de los clientes.
La ley, que vencía en noviembre, ya fue prorrogada hasta mayo de este año, sin embargo, desde la oposición buscan extenderla por 9 meses más, hasta febrero del 2022.
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La autora del proyecto de ley, la diputada Joanna Pérez, anunció que «hemos tomado el acuerdo como bancadas, de manera transversal, con otros partidos, de poder solicitar la prórroga (de la ley)».
«También vamos a reponer la parte de telefonía e internet, porque creemos que es necesario», añadió Pérez, que recordó que el Gobierno vetó el área de telecomunicación.
El proyecto de la DC también establece que al terminar el plazo de extensión de la ley, y en caso de que el país continúe en estado de catástrofe, los servicios básicos no pueden ser cortados por deuda por 60 días desde terminado el estado de excepción.
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