Desde la bancada de diputados opositores anunciaron que están comenzando a desplegar un conjunto de iniciativas de fiscalización directa contra la decisión del Presidente Piñera. La razón de esto, explica el Diputado Leonardo Soto, se debe a que la licitación, bajo decisión del Presidente, se llevó a cabo de manera inconstitucional, inconsulta y unilateral.
Por esta razón presentarán una reclamación ante el Contralor General de la República, ya que de acuerdo a lo explicado por el Diputado Leonardo Soto (PS), la licitación contradice lo señalado por la Constitución en el Artículo 24, donde se habla sobre la propiedad y explotación de yacimientos mineros y las facultades del Estado y el Presidente sobre ellos. En este punto, el requerimiento presentado argumenta que las concesiones se entregan debidamente delimitadas y no por cuotas.
Cabe señalar también que el Artículo 24 de la actual Constitución señala que «El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional».
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