Burlas y mensajes ofensivos: Filtran chats de alcalde de Antofagasta en medio de demanda laboral al municipio

En medio de una demanda por tutela laboral contra la Municipalidad de Antofagasta, el exasesor jurídico del alcalde Jonathan Valásquez, el abogado Marco Ascencio, filtró una serie de irregularidades de su gestión, además de conversaciones por chat con el equipo.

Según informó El Diario de Antofagasta, el abogado adjuntó y presentó ante la justicia la transcripción y copias de audios del grupo de Whatsapp interno entre los miembros del gabinete municipal y funcionarios de confianza.

Son más de 700 páginas con menciones burlescas, racista y denigrantes a diferentes autoridades, dirigentes sociales, trabajadores, emprendedores y vecinos. Documentos que hoy se encuentran públicos, adjuntos a la causa que sigue el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

Pese a que Velásquez expresó a través de un comunicado sus disculpas, señalando que «nunca fue nuestro ánimo menoscabar o vulnerar la honra de las personas» y que «lamentamos el actuar de mala fe, al publicar conversaciones privadas y fuera de contexto», varias autoridades locales han solicitado la renuncia del alcalde.

«El contenido y la forma en que se realizan esos comentarios son inaceptables e intolerables, entre los cuales se distinguen aseveraciones injuriosas, calumniosas y ofensivas, con contenido discriminatorio, gordofóbico, homofóbico, racista, machista, clasista, entre otros», aseguraron los concejales y concejalas de la comuna.

Y agregaron: «si hay un mínimo de dignidad y de decencia por parte del alcalde y su equipo, deben presentar la renuncia».

«Las conversaciones entre el alcalde y su equipo de confianza muestran conductas reprochables, deshonestas y desleales que podrían constituir falta a la probidad administrativa; incluso, algunas podrían conformar hechos que son constitutivos de delitos», concluyeron las autoridades comunales.

A esto se suma que el senador por la región, Pedro Araya, anunció acciones para que la Contraloría y el Ministerio Público investiguen las conversaciones entre el alcalde y su equipo.

«Estamos revisando los antecedentes porque eventualmente habría infracciones administrativas a la probidad por lo que la Contraloría General de la República tendría que iniciar una investigación», afirmó el legislador.

«Estamos estudiando el tema, porque se habrían cometido una serie de delitos que debería conocer el Ministerio Público, dado que se estaría favoreciendo a algunos empresarios de la ciudad de Antofagasta para obtener ciertos permisos de la municipalidad los que claramente pueden constituir algún delito que debe ser investigado por el Ministerio Público», acusó también Araya.