21 de febrero 2024

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Diversas parlamentarias se reunieron con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana para trabajar en un proyecto de ley sobre responsabilidad parental. Según lo manifestado por Orellana, lo que buscan es una iniciativa “robusta” que garantice el pago efectivo de las deudas de pensión de alimentos.

“Como gobierno dijimos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante el pago efectivo de las deudas de pensión de alimenticios hacia los niños y niñas. Conversamos principalmente en torno a tres puntos, primero, generar un mecanismo de pago permanente que no esté asociado en algún evento exclusivo como fue el tema de los retiros, sino algo que se de en el día a día para poder asegurar que la plata llegue a los niños y niñas que la necesitan”, sostuvo.

Por otra parte, añadió que “en segundo lugar mejorar el acceso a la información financiera de los deudores, porque sabemos que las mujeres en tribunales muchas veces llegan a ser una investigación propia de una unidad de lavado de activos, para identificar donde está el patrimonio que pudiera permitir pagar la deuda. En tercer lugar, que esto se haga con criterios de justicia y también de dignidad, porque sabemos que actualmente el peregrinar por tribunales de familia, el tener que estar permanentemente cobrando ellas mismas y hacer valer lo que es un derecho de niños y niñas termina siendo una situación profundamente denigrante para el conjunto de las mujeres”, dijo la ministra Orellana.

Por su parte, la diputada Helia Molina PPD, señaló “las mujeres, niños, niñas y adolescentes que están dependiendo para su vida habitual de una pensión alimenticia y nos les llega eso significa que durante un periodo muy importante en el desarrollo humano en el curso de la vida, infancia y adolescencia, van a tener condiciones que los van a llevar a un desarrollo integral deficiente y que probablemente no va a tener las oportunidades de aprender y sociabilizar”.

Durante la próxima semana se presentará este proyecto de ley, que a juicio de la ministra Antonia Orellana pretende conseguir un cuerpo normativo “coherente y eficiente”.