La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, por unanimidad, la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los actos del Estado vinculados al ingreso al país, control migratorio, seguimiento y protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros, especialmente respecto de menores de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile mediante procedimientos de reunificación familiar desde 2023 a la fecha.
La solicitud fue impulsada por la diputada Lorena Fries (FA), junto a diputadas y diputados de distintas bancadas, en respuesta a los antecedentes conocidos durante los últimos días sobre eventuales deficiencias en los sistemas de control, identificación, trazabilidad y protección de niños, niñas y adolescentes que ingresaron al país bajo esta modalidad.
Al respecto, la diputada titular de la solicitud comentó: “Lo primero es que se trata de hechos gravísimos. Estamos hablando de más de un centenar de niños y niñas haitianos que ingresaron al país, al parecer, sin cumplir con los requisitos del principio de unificación familiar. Hay un informe reservado de la Contraloría General de la República, hay testimonios, hay denuncias previas del Servicio de Migraciones de que esto estaba pasando y, lo peor de todo, es que no tenemos trazabilidad sobre esos niños, lo que pone una gran duda sobre el riesgo en el que están estos niños, niñas y adolescentes en materia, por ejemplo, de venta de niños, de trata de niños y, por lo tanto, es algo que hay que asumir con celeridad».
La Comisión tendrá la tarea de investigar la actuación de los organismos públicos involucrados en estos procedimientos, entre ellos el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otros servicios que hayan intervenido o debido intervenir en los hechos investigados. Asimismo, deberá evaluar las medidas adoptadas frente a las alertas conocidas desde 2023, la eficacia de los mecanismos de control existentes y el cumplimiento del deber estatal de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
«Lo importante es que se haga con seriedad, que podamos identificar vacíos, ya sea de fiscalización e incluso legislativos, y que esto no siga pasando en este país, donde además, una vez que ingresan los niños, es una obligación de protección que tenemos como Estado”, aseguró Fries.
La instancia contará con un plazo de 60 días desde su constitución para desarrollar su trabajo y presentar sus conclusiones ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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