La Sala de Cámara pidió al Ejecutivo la entrega inmediata de recursos para los locatarios de las denominadas “Zonas Cero”. Dicha solicitud se aprobó por 72 votos a favor, 29 en contra y 20 abstenciones.
El objetivo es ir en ayuda de locatarios y pequeños y medianos comerciantes que sufrieron la quema, saqueos y destrozos de sus fuentes de trabajo. Lo anterior, como medida reparatoria del daño causado, que ha significado la pérdida definitiva de cientos de comercios.
La resolución aprobada es de autoría de las y los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Javier Hernández, María José Hoffmann, Cristián Labbé, Celso Morales, Cristhian Moreira, Iván Norambuena y Renzo Trisotti.
Fundamentos del texto
En sus considerandos, la resolución 1647 recuerda la situación ocurrida en Chile en octubre de 2019. “El país vivió un estado de conmoción, donde la protesta social legítima, por mejores condiciones sociales, se vio empañada por episodios de violencia”, se acota.
El texto señala que se vivió un proceso de romantización de la violencia, que ensalzó su uso como expresión válida de la lucha social. De lo anterior, se deriva una serie de consecuencias negativas y lamentables que repercuten en la ciudadanía. Destacan la pérdida de la paz social y el imperio del derecho, traducidos en el riesgo a la vida y seguridad de las personas.
Estos hechos de violencia, con los consiguientes daños materiales, han sido imposible de resistir para los comerciantes, toda vez que, el alto costo económico de los daños sufridos y la ausencia absoluta de apoyo del Estado, devino en la inevitable pérdida de miles de pequeñas y medianas empresas, agrega el documento.
Asimismo, en la resolución se cuestiona la tramitación del proyecto que busca establecer una reparación para las víctimas del estallido. Lo anterior, debido a que este solo considera en esa categoría a afectados afines a partidos de izquierda.
Por ello, sostienen los autores, urge la adopción de medidas económicas tendientes a la reparación de las verdaderas víctimas del estallido. “Resulta prioritario que el Ejecutivo, en el más breve plazo, disponga la elaboración de políticas públicas que signifiquen indemnización de daños y perjuicios que han debido soportar locatarios y sus familias”, concluyeron.
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