«El Ministerio Público se compromete a entregar al consejo nacional de prevención de abusos y acompañamiento de víctimas de la CECH información sobre causas de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos, siempre que esto no vulnere lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal».
Parte de lo que reza un acuerdo suscrito en 2019 entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), que buscaba favorecer el intercambio de información entre ambas instituciones, en el marco de investigaciones en contra de sacerdotes por abusos sexuales.
El trato fue sellado por el ex Fiscal Nacional, Jorge Abott, y el secretario de la CECH, Fernando Ramos.
Una de las firmantes del acuerdo, fue la en ese entonces jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, quien hoy es una de las postulantes al cargo de Fiscal Nacional.
Finalmente el acuerdo no llegó a puerto, pero dejó una mancha indeleble en la gestión de Abott, lo que ahora pone en tela de juicio la candidatura de Marta Herrera, cercana colaboradora del ex Fiscal Nacional.
Cabe recordar que el acuerdo también caló en las familias de las víctimas. Tal es el caso de los cercanos a las personas abusadas por Fernando Karadima, quienes manifestaron que «este acuerdo es un gran error ético y legal de la Fiscalía, ya que acuerdan tácitamente algo que justamente es el punto a investigar: el encubrimiento y falta de transparencia»,
A la vez, desde el parlamento también surgen voces disidentes de la postulación de Marta Herrera, por considerarla como la continuidad de Abott.
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