23 de mayo 2024

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La Contraloría General de la República (CGR) expuso este martes ante la Comisión Especial Investigadora denominada Caso Convenios 2.0 una serie de observaciones sobre la ejecución y rendición de fondos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap).

Por una parte, la controlara (S) Dorothy Pérez, expuso 6 fiscalizaciones realizadas a servicios y direcciones del Mideso en distintas regiones, entre ellas destaca la Región del Maule y el Programa Noche Digna, donde detectó que se realizaron prestaciones a personas fallecidas, albergues deficientes en su infraestructura y, además, exfuncionarios que aún figuraban como giradores vigentes de cuentas corrientes de la Seremi de Desarrollo Social.

Esta auditoría abordó las transferencias de la Seremi de Desarrollo Social y Familia del Maule durante el año 2022 en el marco del Programa Plan Noche Digna, donde observa que «no existe evidencia que acredite el monitoreo de la contraparte técnica -Encargado Regional del Programa Noche Digna- de la Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule, a las prestaciones entregadas por los organismos ejecutores para la aprobación de los informes técnicos».

«Pues al comparar la cantidad de prestaciones aprobadas en sus informes, no se condice con la ingresada por los ejecutores en el Sistema de Registro Noche Digna», agrega y señala que se instruye incorporar un procedimiento disciplinario.

Asimismo, indicó que «se observó que 5 de los 9 dispositivos revisados incumplieron la cantidad mínimo de prestaciones que debían ser entregadas por los ejecutores».

En relación a ello, según el Sistema de Registro Noche Digna, «las prestaciones de alojamiento, alimentación y/o higiene y abrigo no alcanzaron a cumplir el porcentaje mínimo de 80%».

Además, «se comprobó la existencia de 3 usuarios que se encontraban fallecidos al momento de recibir las prestaciones de higiene y/o atención médica».

Ý agregó que «se verificó que 2 albergues de 24 horas -de los ejecutores Fundación Luxemburgo y Municipalidad de Linares– no cumplieron con el plazo máximo de instalación del dispositivo de 20 días corridos, establecido en el convenio».

A lo anterior añade que «a su vez, la Seremi incumplió los plazos de revisión de las condiciones de apertura de los dispositivos con una dilación de hasta 36 días corridos en la fecha de supervisión».

Por otra parte, la CGR observó que la Seremi aprobó en la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios (Sigec) el Informe Planificador de de la ONG Alta Tierra, «sin embargo, al descargar ese archivo en la citada plataforma, éste se encontraba en blanco sin los datos solicitados».

Sobre esta misma ONG, se registra una transferencia de recursos «sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos de los convenios». En ese sentido, señala que «no se acreditó la recepción de los informes técnicos de planificación, 1° y 2° informe de avance, al momento del pago de las 1°, 1°, y 3° cuotas, respectivamente». Y añade que «el ejecutor certificó su conformidad de las cuotas transferidas, hasta con 343 días corridos de atraso».

De igual forma, indicó que Fundación Luxemburgo y ONG Alta Tierra en Curicó «presentaban deficiencia en su infraestructura. Por ejemplo, muros desaplomados y agrietados, instalación de canalización y enchufes eléctricos sobrepuestos en los muros, habilitación de camarotes sin separación que evite el hacinamiento, dormitorios sin diferenciación para el resguardo de mujeres y padres o madres con hijos, desperfectos de pisos cerámicos, presencia de eflorescencia de en la pintura de cielos en los baños, deterioro en el sello aplicado en las juntas de cerámica con la tina, filtración de agua, entre otros».

«Así, se incumplen los estándares mínimos» para el Plan Protege Calle de 2022, señala la CGR.

Respecto a rendiciones, la auditoría señala una «diferencia de 2.882 entre la cantidad de prestaciones informadas por los organismos ejecutores diariamente en el SND (Sistema de Registro Noche Digna), y las mencionadas en los Informes Técnicos de Avance y Final, lo que contraviene las obligaciones de la Seremi de los convenios de transferencia de recursos».

«Se detectaron incumplimientos en los plazos de entrega y revisión de los informes de planificación, como en los tiempos de presentación y revisión de los informes técnicos de instalación, de avance, y finales», agrega.

Finalmente, indica que «al 31 de diciembre de 2022 existían 4 exfuncionarios de la Seremi que figuraban como giradores vigentes de las cuentas corrientes de la entidad».