17 de abril 2024

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La Contraloría General de la República (CGR) emitió un primer informe de 87 páginas respecto al denominado Caso Convenios, específicamente sobre los acuerdos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Las principales conclusiones del informe señalan que la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces encabezada por Carlos Contreras, realizó transferencias a Democracia Viva para ejecutar el programa de Asentamientos Precarios sin documentos que acreditaran los motivos. En ese misma línea, no se pudo establecer que existan detalles de las prestaciones a realizar, sólo informes globales respecto a costos.

Asimismo, la CGR dio cuenta que no existió procedimiento para llamado a concurso público, ni criterios técnico ni legales para la selección. Tampoco se evidenció plantes de trabajo con el detalle de las acciones a realizar ni el detalle de los recursos destinados a cada un de estas.

Además, el informe constata que al menos 12 personas de distintas fundaciones ejercían funciones directivas y operativas en la misma Seremi, sin que fueran empleados públicos. Igual situación se detectó con tres casos en el Serviu de Antofagasta.

En el caso del ex Seremi, Carlos Contreras, el informe estableció que no cumplió con el deber de abstenerse debido a su vínculo con Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva y ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), vulnerando así el principio de probidad y sin dar cuenta de la situación a su superior.

También se estableció, algo que ya era conocido preliminarmente, que existió fragmentación de los pagos con el fin de eludir la toma de razón por parte de la Contraloría.

En sus conclusiones, la Contraloría sostiene que hubo falta de control en la rendición de gastos por parte de las fundaciones, una baja ejecución, rendiciones que no fueron revisadas junto a una contabilidad registrada en plataformas vulnerables.