“El Presidente Boric intentó eludir su responsabilidad política argumentando desconocimiento de las inhabilidades legales. Esta justificación es institucionalmente inaceptable, ya que las advertencias existieron y debieron haberle sido comunicadas por su equipo más cercano”. Esta es una de las conclusiones estampadas en el informe de la comisión investigadora por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, documento que fue aprobado la mañana del miércoles por 7 votos a favor y 5 en contra.
Nueve son los puntos que destacan en el informe de 30 páginas que deberá votarse luego en la sala de la Cámara.
Y en línea con el punto en que se afirma cómo el Presidente Boric intentó eludir su responsabilidad política, se destaca también el papel de la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien “a pesar de contar con antecedentes sobre conflictos de interés e inhabilidades, permitió que el decreto de compra avanzara sin objeciones. Este fracaso institucional comprometió la imagen y la responsabilidad del Ejecutivo”.
Se suma el papel de los asesores del segundo piso, en especial de Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, a quienes se les considera como “arquitectos en la sombra de una operación temeraria”, principalmente por su “presión sistemática para concretar la compra pese a las advertencias técnicas”. Destacando, además, que la renuncia de ambos fue estratégica en el sentido de eludir responsabilidades y no presentarse ante la comisión investigadora.
Para el presidente de la instancia investigadora, Andrés Longton, la votación del informe fue “contundente desde el punto de vista que hubo mayoría incluso con Demócratas y eso revela las deficiencias que hubo por parte del gobierno”, apuntando que “la primera responsabilidad que tiene un Presidente de la República es conocer la constitución, sobre todo cuando es el capítulo de gobierno”.
Y en esa línea agregó que resulta “inaceptable y revela cómo este gobierno ha gobernado nuestro país durante estos casi cuatro años con una liviandad y una frivolidad que es inaceptable para efectos de ocupar la más alta magistratura y cargos de esta responsabilidad”. Agregando que en el documento se establece “que no hay forma que el gobierno no haya conocido de esta inhabilidad -que una senadora y una ministra no podían realizar contratos con el Estado- a pesar de todas las advertencias y que a pesar de eso, funcionarios de la más alta magistratura, del más alto nivel, siguen en sus cargos lo que nos parece que no corresponde entendiendo que tienen una responsabilidad con el país de seguir firmando y seguir visando documentos de mucha importancia”.
Acusando Longton, que todo terminaba en “una complicidad política con la familia Allende para efectos de que se fuera con una debida indemnización por parte del Estado, con la plata de todos los chilenos, operación que les salió de mala manera pero que a todas luces querían ejecutar rápidamente para efectos de poder concretar” la compraventa de la casa de Guardia Vieja.
Mientras que para la también integrante de la comisión, Paula Labra, “el informe aprobado es bastante claro respecto a que esta operación de compra jamás fue aprobada por el Congreso, como mañosamente el ministro Elizalde y otras autoridades de gobierno pretendieron instalar”. Y recordó que durante la discusión del presupuesto 2024 “esto se presentó en un subtítulo que no permite compra de casas y además, se presentó por el ministerio de las Culturas y no por Bienes Nacionales».
En cuanto a la idea del gobierno de perseverar en la compra destacó: “El informe consigna que existieron presiones, tal como por ejemplo lo expresó la exjefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, en su testimonio. Aquí desde presidencia se forzó a continuar con esta compra, pese a las advertencias que sistemáticamente se fueron levantando. Si el presidente Boric es capaz de asumir sus responsabilidades en esto, ahora deberá responder a este informe seriamente, y no como lo hizo en su respuesta escrita. Se debe transparentar quien dio la orden para seguir con esta operación pese a que evidentemente era inconstitucional»
SIGUE LEYENDO
Parlamentarios critican “desconexión” en millonario gasto para foto oficial de Boric y ministros
Diputados piden priorizar reforma que suprime voto extranjero en elecciones presidenciales
Gobierno pide la renuncia de Pamela Gana a la SUSESO