Colegio de Profesores formaliza solicitud de acusación constitucional contra el ministro Figueroa

El Colegio de Profesores solicitó formalmente una acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa, luego de que este admitiera que evalúa quitarle la subvención escolar a los colegios que no retomen las clases presenciales en el segundo semestre.

El presidente del gremio, Carlos Díaz, hizo el requerimiento ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en donde además acusó al secretario de Estado de presionar a los establecimientos para abrir sus puertas.

«Nosotros hemos sabido que ha habido muchas presiones para los colegios subvencionados, pero no ha habido una preocupación real por lo que significa el proceso escolar, el proceso educativo, entregar apoyos, insumos, etc», aseguró Díaz.

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La postura de Figueroa también generó rechazo en la oposición, desde donde prevén iniciar la acción en caso de que se concreten las suspensiones de las subvenciones escolares.

La diputada Camila Rojas (Comunes), integrante de la comisión legislativa, consideró que «esas amenazas son completamente irresponsables» y adelantó la eventual acusación que podría enfrentar el ministro.

«Si sanciona económicamente a los establecimientos, estaría infringiendo la ley y eso es causal para acusarlo constitucionalmente».

La parlamentaria también sostuvo que el ministro «debería pedirle perdón a las comunidades educativas, especialmente a los trabajadores de la educación, por la actitud matonesca que ha tenido hasta acá».

19 alcaldes y alcaldes electos de oposición ya cuestionaron la medida que evalúa el Ministerio de Educación y descartaron retomar las clases presenciales en sus comunas.

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Uno de ellos fue el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, que se sumó a los llamados a acusar constitucionalmente a Figueroa.

«La única idea que se le ocurre a este ministro es decir ‘vuelvan a clases presenciales’, independiente de la situación sanitaria, lo cual evidentemente es una irresponsabilidad», indicó.

Tamayo consideró que «una acusación constitucional no solamente está justificada, sino que es éticamente necesaria para terminar con un ministro que ha logrado aplastar y derrumbar la educación pública en Chile».