21 de febrero 2024

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El Tribunal Constitucional (TC) rechazó los dos requerimientos de inaplicabilidad interpuestos por Rodrigo Lizasoaín, ex ejecutivo de las empresas Calquín Helicopters SpA (Calquín) e Inaer Helicopter Chile S.A. (Inaer), en contra de reglas sobre aplicación de multas, en el contexto de los dos juicios por colusión iniciados por la FNE en procesos de contratación planificada de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros entre los años 2006 – 2013, y 2014, respectivamente.

Ambos requerimientos solicitaban al TC declarar inaplicable, en los juicios seguidos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la norma conforme a la cual los directores, administradores y aquellas personas beneficiadas por el ilícito, deben responder solidariamente de la multa impuestas a las personas jurídicas, siempre que hubieren participado en la realización del acto.

Las sentencias del TC sostienen que la disposición cuestionada establece una regla de solidaridad cuya función es garantizar el pago de multas impuestas a empresas y que, por lo tanto, no constituye una sanción.

Adicionalmente, los fallos reconocen que la persona natural que se ve expuesta al pago de la multa aplicada a una empresa está amparada por el derecho de exigir su reembolso a esta última, conforme a las reglas de la solidaridad. Asimismo, agregan que este mecanismo legal es utilizado en otros ámbitos infraccionales. De este modo, acogiendo la posición de la FNE, el TC concluye que los requerimientos de inaplicabilidad sometidos a su conocimiento “deviene[n] en una argumentación implausible, toda vez que los vicios de constitucionalidad invocados -vulneración a los principios de ne bis in ídem y de proporcionalidad- se estructuran sobre la base de que el precepto legal objetado impone una sanción adicional a la persona natural”.

El TC cierra este proceso de impugnación a la normativa sobre aplicación de sanciones en materia de libre competencia, mientras que en paralelo los casos por colusión ante el TDLC se encuentran en etapa de prueba.

Estos juicios se iniciaron en marzo y agosto del 2020, cuando la FNE presentó dos requerimientos contra las empresas Inaer y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa) por un lado, y contra las empresas Calquín y Faasa por el otro, por colusión en licitaciones relativas a servicios para el combate y extinción de incendios forestales, que afectaron a servicios solicitados por Conaf y algunas empresas forestales.

Estos requerimientos se hicieron extensivos a los principales ejecutivos de estas empresas: Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín, por haber facilitado la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos.