La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó nuevamente este lunes de forma extraordinaria en la sede del Congreso en Santiago para recibir a distintos alcaldes, principalmente del distrito 8, quienes han solicitado variadas medidas y apoyos ante altas tasas de criminalidad y la situación de miles de migrantes ilegales en campamentos.
La presidenta de la Comisión, diputada Joanna Pérez (Demócratas), destacó que “esta Comisión ha estado considerando estos espacios más allá de nuestras urgencias, para poder colaborar (…) a propósito de la solicitud de muchos alcaldes y el diputado (Oyarzo) que nos pidió esta Comisión, hemos abierto este espacio”.
La Comisión recibió a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien sostuvo que “es imposible pedirle a un municipio que sea el responsable y se haga cargo de resolver de sacar o terminar una toma sin el apoyo del Estado en su conjunto”.
En ese sentido, señaló la experiencia de la toma Miguel Nasur y el desalojo regulado de entre 6 mil a 7 mil personas catastradas, con el financiamiento del traslado de familias por parte del Estado y el apoyo militar para desarrollarlo. Un proceso que desde la instalación del campamento hasta su erradicación tomó cerca de 20 años.
Al respecto, la diputada Pérez concordó con lo expuesto por la jefa comunal y señaló que “los municipios probablemente tienen algún rol, pero no lo pueden hacer solos. Por lo tanto, lo que queremos es acompañar e sto a nivel sectorial. Hemos estado con la delegada presidencial de la Región Metropolitana, ya hemos oficiado a los ministerios respectivos que deberían tomar cartas en el asunto para armar mesas de trabajo para, de alguna manera, que de aquí al mediano y largo plazo, se requiera una intervención mayor”.
“No podemos no hacer nada e invisibilizar lo que tenemos en cada una de las comunas”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.
Por su parte, el Ministerio Público expuso que el año 2023 se registró el peak de ingresos de denuncias del periodo y de toda la historia de la Fiscalía Nacional, donde la Región Metropolitana registra casi un 40% de las denuncias.. Al comparar los años 2018 y 2023 se registra un alza de 12,5% de aumento de ingreso de denuncias.
Mientras que Carabineros indicó que en la Región Metropolitana que en lo que va del año 2024 se registran 14.995 detenidos por distintos tipos de delitos, y 2.065 de ellos (13,7%) corresponden a migrantes. De estos últimos, 589 corresponden a detenidos por delitos de mayor connotación social, y 168 detenidos por temas de drogas. Los números se traducen en una baja de 24% de detenidos migrantes por estos motivos entre el año 2023 y 2024.
Ante estas cifras, la diputada Pérez comentó que “considero que hay pocas personas detenidas, entendiendo la gravedad de la situación que nos alcaldes no cuentan”.
Finalmente, la Comisión acordó solicitar la cantidad de fiscales con los que se cuenta en cada región y asimismo el número de integrantes de los Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). De igual forma, se pedirá a Carabineros el detalle del contingente disponibles en las distintas regiones. Además, se solicitó a los alcaldes detallar inconvenientes en materia de combate contra el comercio ilegal para que puedan ser incluidos en la discusión de la ley de seguridad municipal discute la Comisión y que está pronto a ser despachado.
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