21 de febrero 2024

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La Comisión Especial Investigadora del denominado Caso Convenios y/o Fundaciones de la Cámara de Diputados emitió su informe final luego de tres meses de trabajo.

En primera instancia, corría con ventaja y apoyo el texto propuesto por el diputado Rubén Oyarzo (PDG), sin embargo Chile Vamos consideró que no era lo suficientemente duro por lo que inició conversaciones para alcanzar un consenso al respecto.

De esta forma, en cuanto al Ejecutivo señala que «la falta de voluntad por parte del Gobierno de cooperar con las comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara de Diputados o dar respuesta a solicitudes de información no resulta un hecho aislado».

Acerca del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), señala que «si bien, se puede llegar a establecer que existen responsabilidades a nivel ministerial respecto de los casos de convenios otorgados al interior del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también se debe señalar que ha quedado de manifiesto que durante la actual administración de Gobierno y por instrucción de la actual Auditora General de Gobierno, doña Daniella Caldana Fulss, se eliminó la reportabilidad financiero-contable de transferencias efectuadas por parte de los organismos del Estado hacia el CAIGG, cuestión que es atribuido por parte de la autoridad a un enfoque distinto para ‘poder mejorar el trabajo y la calidad de los auditores en terreno’ y así auditar de mejor manera los recursos públicos».

En tanto, sobre el Ministro Carlos Montes, indica que «o bien no conocía una situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios. Como Comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su Cartera».

Además, respecto a la Dirección de Presupuesto encabezada por Javiera Martínez, apunta que «la Directora de Presupuestos impulsó cambios en los controles presupuestarios, particularmente a propósito de los recursos transferidos por los Gobiernos Regionales, renunciando muchas veces al texto expreso del DFL 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija disposiciones por las que se regirá la Dirección de Presupuestos, el que en su artículo 3, N° 18 señala: “Coordinar, supervisar y propender al perfeccionamiento de las actividades de organización y métodos de los servicios fiscales e instituciones descentralizadas».

Asimismo, acerca de la ex Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas Leiva, el texto dice que «las irregularidades constitutivas del caso ‘Democracia Viva’ fueron puestas en conocimiento de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, particularmente de la ex Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, doña Tatiana Rojas Leiva. Concretamente, el 2 de mayo del 2023, la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, doña Carla Olivares, envió un correo electrónico a diversas autoridades del Ministerio alertando las irregularidades en el programa de Asentamientos Precarios. Concretamente, la autoridad gremial transmitía los reparos que existían en el equipo de Asentamientos Precarios, específicamente por la gestión del entonces Secretario Regional Ministerial de Antofagasta, don Carlos Contreras».

El informe también aborda el rol del jefe de asesores en La Moneda, Miguel Crispi, señalando que «más allá de la resistencia del señor Miguel Crispi Serrano de comparecer ante esta Comisión Investigadora, lo cierto es que el reproche que se le puede formular excede por mucho dicha situación».

Respecto al Consejo de Defensa del Estado, plantea que «no resulta comprensible que luego de meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, así como de sendos informes de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes».

Finalmente, en relación al Gobierno y quienes forman o formaban parte de Revolución Democrática, indica que «en este punto es preciso señalar que el Gobierno actual, cuyo compromiso de campaña radicaba en hacer las cosas de forma distinta, fracasó estrepitosamente, en gran medida, por las malas decisiones políticas de sus propios integrantes, adherentes y partidos como Revolución Democrática. La defensa corporativa y el blindaje a autoridades que luego debieron ser destituidas evidencia un actuar amateur. Fue este grupo de militantes de Revolución Democrática los que generaron en el aspecto institucional y político una serie de crisis y daños para su propio Gobierno».

«Los militantes de Revolución Democrática implicados se aprovecharon del sistema, pero también fueron indolentes con la gente que debió ser beneficiaria de los fondos para el mejoramiento de los asentamientos precarios», concluye.