Comisión investigadora del caso fundaciones recurre a Controlaría tras nueva ausencia de Crispi a la cita

Por 6 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Especial Investigadora sobre transferencias de fondos en el marco del Programa Asentamientos Precarios, denominada «Caso Convenios», acordó este jueves pedir a la Contraloría General de la República (CGR) que inicie un procedimiento administrativo sancionador, según lo establece el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso, en contra del ex Subsecretario de Desarrollo Regional y actual Jefe de Asesores de la Presidencia de la República, Miguel Crispi, por negarse a asistir a la instancia fiscalizadora tras dos citaciones.

En concreto, el oficio solicita al ente contralor que, previa certificación de la secretaría, inicie el procedimiento sancionador en contra de Crispi de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley orgánica constitucional del Congreso, lo que podría derivar en multas para el principal asesor del Presidente Boric.

Tras la votación, el diputado José Miguel Castro (RN) señaló que: «nos hemos dado cuenta que el ‘caiga quien caiga’ del Presidente de la República tiene un pero. Pero si son amigos míos, si son parte de mi conglomerado, si son parte de mi partido, si son parte de mi núcleo más interno y aquí lo complicado es que el Presidente de la República fue parlamentario y debería enaltecer esa labor en cuanto a la fiscalización».

El presidente de la instancia también criticó a sus pares: «Me da una lástima tremenda que solo hayamos visto parlamentarios del socialismo democrático; el diputado Soto y el diputado Ilabaca, votar para poner a disposición de la Contraloría la no asistencia de Crispi. Todos los demás siguen absolutamente blindándolo».

Por su parte, el diputado PPD, Raúl Soto, señaló que dicho oficio no solicitaba esclarecer si Miguel Crispi tiene calidad de funcionario público, lo que resultaría clave para el proceso de cita a la CEI y las eventuales sanciones.