Por votaciones de mayoría, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre ambas Cámaras respecto al mensaje que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial, alcanzó una serie de acuerdos en torno a los nudos críticos que se produjeron sobre el fraccionamiento de la merluza común y financiamiento, principalmente.
En concreto, la instancia presidida por el senador Fidel Espinoza, acordó el fraccionamiento de la merluza común de 45% para el sector artesanal y 55% para el industrial, lo que regirá cuando la cuota global de captura anual fijada sea igual o inferior a 35.020 toneladas. Mientras que cuando la cuota global de captura fijada para un año sea superior a 35.020 toneladas, el exceso irá íntegramente a la fracción artesanal. La propuesta, se manifestó “salvaguarda posiciones y equilibrio”.
Cabe recordar, que el fraccionamiento es para el área marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos.
La ley vigente, permite que un 60% de la merluza común vaya a la industria y un 40% a los artesanales. En tanto, la instancia Mixta había aprobado -a mediados de mayo- entregar un 48% al sector industrial y un 52% al artesanal.
Sobre besugo, que es fauna acompañante de la merluza común y “tiene extracción industrial, por la profundidad del recurso”, se acordó -también por mayoría- un fraccionamiento de 95% para el sector industrial y 5% para el artesanal, lo que solo será aplicable cuando el Comité Científico recomiende que no procede la veda.
Luego en cuanto al financiamiento, y tras un arduo debate, se respaldó la indicación del Ejecutivo que propuso generar una patente especial de 1.3 UTM por tonelada para la pesca del sector industrial cuando se obtenga cuota de jurel asignada por otro país. Esto, explicó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, “permitirá compensar en parte, la disminución de recaudación, producto del cambio de fraccionamiento”.
Es importante recordar que la Comisión Mixta rechazó a mediados de mayo, el sistema de subastas o licitaciones a la industria del jurel, con el que el Ejecutivo pretendía obtener 30 mil millones de pesos en promedio, en los próximos tres años, para financiar el proyecto en su totalidad. Los fondos buscaban compensar la pérdida que significa para el Estado la nueva distribución que favorece, en gran parte, a la pesca artesanal que no paga impuestos.
Además, se aprobaron aspectos relacionados con certificación de desembarques, asegurando la fiscalización presencial en todos los casos, sin hacer diferencia entre el sector industrial y el artesanal, precisó el ministro de Economía, Nicolás Grau.
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