1 de diciembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

  • Los ediles dieron a conocer graves irregularidades con fondos educacionales previos al traspaso del DAEM al Servicio Local Chinchorro, entre otro conjunto de ilegalidades en materias presupuestarias.

Los concejales del Partido Humanista Carlos Ojeda y Paul Carvajal ingresaron este miércoles un requerimiento al Tribunal Electoral de Arica para destituir al alcalde Geraldo Espíndola por notable abandono de deberes.

El requerimiento, que fue ingresado junto al concejal independiente Patricio Galvez, tiene entre sus principales puntos la transgresión de criterios legales para gastos de financiamiento de los fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Por otra parte, desarrolla el requerimiento, el finiquito (que da origen a indemnizaciones) y contratación de dos ex funcionarios para luego ser recontratados en las mismas funciones, lo que reviste un falta grave a la probidad y procedimientos administrativos, de los cuales fue advertido por lo menos en tres ocasiones. El hecho reviste tal gravedad que existe un juicio de cuenta en curso en la cual el Alcalde tiene carácter de responsable.

El concejal Ojeda, quien es también presidente regional del Colegio de Profesores, explicó que desde el año 2016 que vienen advirtiendo a la administración de Espíndola sobre la realidad educativa de la comuna, con “conductas antigremiales que se tenían por parte de las direcciones del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)» y que se mantuvieron en la actual administración.

Desde 2017, explicó Ojeda, comenzaron a realizar fiscalizaciones en los establecimientos educacionales para constatar distintas falencias, encontrándose «con una serie de dificultades con administraciones autoritarias, dictatoriales, que tenían muy complicadas las relaciones humanas, donde había acoso laboral y maltrato sobre todo a asistentes de la educación, profesores e incluso estudiantes».

Sumado a esto, explicó, se detectaron graves problemas de infraestructura y mal uso de los fondos SEP y FAEP”.

Así, tras una auditoría realizada en el contexto del traspaso de la administración del DAEM al nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chinchorro, se detectaron inconsistencias en la ejecución de 8.700 mil millones de pesos en la rendición de los fondos SEP y FAEP.

El requerimiento considera la transgresión reiterada de procedimientos contables por parte de la ex DAEM, agravadas por constante advertencias por los organismos atingentes; pero también el pago de obras no realizadas en el Parvulario E30, el Liceo Comercial y la Escuela D17, lo que generó pagos a restituir.

Héctor Anabalón, abogado patrocinador del escrito, explicó que el requerimiento se basa en “un conjunto de documentos emanados de la Contraloría Regional y la contraloría interna del municipio que dan cuenta de un conjunto de irregularidades de forma reiterada en el tiempo y que nosotros calificamos de inexcusables por parte del alcalde”.

El escrito da cuenta a su vez de «una modificación presupuestaria sin sustento financiero ni contable, solo con interés de presentar equilibrio presupuestario».

En relación al tema contrato de mantención de áreas verdes , el Concejal Carvajal expreso que «el alcalde partió su gestión haciendo contratos directos con empresas mientras estaba construyendo, supuestamente, un sistema de postulaciones que diera garantía y eficacia a la mantención de las áreas verdes, pero nada de aquello ocurrió y terminó anticipadamente el contrato con una empresa”, lo que que generó una crisis sin precedentes en el cuidado de estas.

El abogado dio a conocer que un cuarto capítulo contempla “el riesgo en la falta de servicios a la comunidad”, basado en un corte de servicio telefónico y de internet que afectó al municipio y todos sus funcionarios, ocasión en que “se descubrió que hay una deuda por aproximadamente 900 millones de pesos”.

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