29 de marzo 2024

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Tras un juicio oral efectuado en Coyhaique, fue condenado a 5 años de presidio menor en su grado máximo, un ex funcionario de la Dirección Municipal de Educación de Puerto Aysén, por el delito de fraude al fisco.

De acuerdo a lo expuesto en el juicio oral por el fiscal Luis González, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el imputado Nolberto Francisco Martínez Velásquez defraudó en 155 millones de pesos, aproximadamente, el patrimonio de la Municipalidad de Puerto Aysén.

Lo anterior, en base a una investigación efectuada en forma conjunta por la Fiscalía con la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, según lo expuesto en el juicio efectuado a través de la plataforma Zoom.

INVESTIGACIÓN

En base a los hechos acreditados por la Fiscalía ante el Tribunal de Juicio Oral, el imputado Nolberto Martínez Velásquez se desempeñaba en el Departamento de Educación Municipal de Puerto Aysén, desde el año 1981 hasta Abril de 2017, en labores administrativas de apoyo en el proceso de pago de remuneraciones al personal docente y de apoyo.

El imputado, en su calidad de encargado de remuneraciones, procedía a efectuar el cálculo de los pagos de cada mes.

En el juicio oral, el fiscal Luis González detalló que el imputado confeccionaba una planilla, con el detalle de las cuentas presupuestarias. Después de ese proceso, generaba el decreto de pago que se entregaba para revisión y autorización de diversas jefaturas.

Como parte de ese proceso, el imputado Nolberto Martínez Velásquez, desde el mes de junio del año 2009 a marzo de 2017, procedió a falsificar las planillas de personal del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Aysén destinadas al pago de remuneraciones, alterando su contenido e incorporando al menos a 2 ex docentes, quienes habían dejado de prestar servicios al Municipio.

El imputado procedía -por parte de la Municipalidad de Aysén- a emitir cheques nominativos a nombre de las ex docentes, cobrándolos posteriormente por caja, sin mandato o poder que lo habilitara para dicho cobro, apropiándose del dinero.

De acuerdo a lo expresado por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, al reunir el imputado los requisitos de la ley 18.216, se aplicó una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en su contra, por lo cual deberá ponerse a disposición de Gendarmería para su cumplimiento.

La sentencia en este caso fue dictada por los jueces Mónica Coloma Pulgar, Rosalía Mansilla Quiroz y Pablo Freire Gavilán.