Este martes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones; y despachó a ley el proyecto que castiga con penas de cárcel a quienes de manera injustificada porten combustible en el contexto de reuniones, es decir manifestaciones y protestas.
La iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad acordada entre el Gobierno y el Congreso, establece hasta 540 día de presidio para quienes infrinjan la norma.
En primera instancia, el proyecto del Ejecutivo buscaba realizar una modificación en la legislación para que este acto fuera sancionado como falta, sin embargo la oposición presentó la norma para aumentar las penas y establecer cárcel.
Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo reserva de constitucionalidad y adelantó un eventual veto presidencial.
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