La Comisión de Constitución comenzó el debate del proyecto de reforma constitucional, que establece la incompatibilidad entre los altos cargos públicos y la calidad de inversionistas en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial.
El documento ingresó a trámite en agosto de 2020. Es de autoría de los diputados Gabriel Ascencio (DC), Jorge Brito (RD), Manuel Monsalve (PS), René Saffirio (IND) y Leonardo Soto (PS).
La norma busca agregar un inciso final al artículo 8º de la Constitución Política, para establecer que no podrán ejercer cargos las personas que mantengan, a través de sí o de terceros relacionados, inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como un paraíso fiscal.
Esto apunta a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado, Subsecretario, Gobernador Regional, Senador, Diputado, Director de Empresas Públicas, oficial de las FFAA y de Orden y Seguridad Pública, director o administrador de sociedades u organismos que administren fondos de pensiones o de instituciones de salud previsional y de administrador o sostenedor de entidades de educación que reciban subvención o financiamiento fiscal.
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