Tras la segunda citación y nueva ausencia del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), a la Comisión Especial Investigadora del denominado caso fundaciones o convenios, el jefe de la Contraloría General de la República (CGR), Jorge Bermúdez, expuso este lunes ante la instancia y se refirió a la situación de Crispi.
Caber recordar que la discusión entre oficialismo y oposición se centró la última sesión respecto a si Crispi tiene o no categoría de funcionario público, lo que resultaría clave para establecer sin dudas si su obligación es asistir y las eventuales sanciones que corresponderían.
En ese sentido, el Contralor Bermúdez expresó que «uno tiene que atender a la función más que a la denominación», de lo contrario «sería muy fácil eludir las formas de control».
Según explicó, «cualquier persona, en un estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas. Uno de esos mecanismos de control en un estado democrático es una comisión especial investigadora. Evidentemente que uno tiene que tener como mínimo una deferencia respecto de esa entidad».
Por tanto, Bermúdez planteó que «nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona, el señor Crispi, para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control».
Dado que no existe jurisprudencia de esta situación, es decir, que no se cuenta con casos similares previos que puedan dar una guía para resolver el cuestionamiento, desde CGR detallaron que la sanción a la que se expone Crispi es una multa de hasta 5 UTM.
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