Contraloría desnuda irregularidades durante gestión de Arturo Zúñiga en subsecretaría de Redes Asistenciales

La Contraloría General de la República, emitió un informe de 67 páginas que desnuda diversas irregularidades cometidas en la subsecretaría de Redes Asistenciales, entre enero y junio de 2020, durante la gestión de Arturo Zúñiga. Las anomalías se concentran en el periodo de la implementación de residencias sanitarias por la pandemia de Covid-19.

El informe se refiere, por ejemplo, a una falta de organización en cuanto a unidades y funcionarios que pondrían en marcha las residencias. En ese aspecto, señala que «se verificó mediante la revisión de los antecedentes aportados por funcionarios de la subsecretaría, que un asesor del subsecretario de Redes Asistenciales requirió el pago de una de las residencias sanitarias contratadas por esa entidad, sin que se encontrara debidamente acreditado el cumplimiento de las prestaciones asumidas».

A la vez, Contraloría afirma que, en la búsqueda y selección de hoteles que sirvieran como residencias sanitarias, «participaron funcionarios públicos y personal contratado a honorarios ajenos al Ministerio de Salud, sin que se adviertan los fundamentos ni mayores antecedentes que precisen tal intervención».

Del mismo modo, el informe acusa que la subsecretaría liderada por Zúñiga no hizo un lineamiento con los requerimientos tipo que debían tener los hoteles elegidos, los que trajo como consecuencia que cada entidad hotelera negociara los contratos en sus propios términos.

Otro ejemplo son los 56 ciudadanos extranjeros que fueron registrados en el Hotel Clínico SPA, quienes, según datos de la Policía de Investigaciones, habían «abandonado el país antes del periodo del cual habrían hecho uso de las instalaciones».

En tanto, el ex subsecretario Zúñiga señaló en La Segunda que la lección que puede sacar es que «hay que trabajar con personas con las que uno tenga mayor conocimiento», además de asegurar que, tras leer el informe, no ve «que haya habido una responsabilidad».

El documento fue derivado al Ministerio Público.

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