La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades de carácter millonario en la utilización de recursos públicos destinados a la atención de la emergencia provocada por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.
Los antecedentes forman parte de cinco informes de auditoría que examinaron la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, así como la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Entre las observaciones más relevantes, el ente fiscalizador identificó pagos sin respaldo suficiente, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en los procesos de adquisición y falencias en los mecanismos de control para la entrega de ayudas a personas damnificadas. A raíz de estos hallazgos, se ordenó la apertura de sumarios administrativos y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Delegación Presidencial Regional de Valparaíso
De acuerdo con el Informe N°528 de 2025, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso efectuó pagos por un monto superior a $586 millones sin la debida acreditación, en el contexto de compras realizadas durante la emergencia. La auditoría también detectó eventuales sobreprecios y el uso injustificado del mecanismo de trato directo en contrataciones, lo que motivó el envío de antecedentes a los organismos persecutores para determinar posibles responsabilidades.
Municipalidad de Quilpué
En el caso de la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535 de 2025 dio cuenta de la existencia de gastos improcedentes, entre ellos la adquisición de cocinillas que no contaban con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Asimismo, se constató el extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas a familias afectadas por el siniestro.
A lo anterior se suman falencias en la gestión de personal y en proyectos asociados a la emergencia, motivo por el cual la Contraloría ordenó el inicio de procesos disciplinarios y la adopción de medidas correctivas.
Municipalidad de Viña del Mar
Respecto de la Municipalidad de Viña del Mar, el Informe N°503 de 2025 identificó irregularidades en la administración de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados a personas damnificadas entre febrero de 2024 y abril de 2025. El organismo fiscalizador advirtió falta de trazabilidad en la entrega de ayudas, debilidades en la rendición de recursos y eventuales incumplimientos de la normativa de compras públicas. En este contexto, se instruyó un sumario administrativo y la regularización de los procedimientos observados.
Dirección Regional de Arquitectura del MOP
En cuanto a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el Informe Final N°805 de 2025 estableció la existencia de pagos indebidos por más de $434 millones correspondientes a demoliciones que no se ejecutaron o que fueron realizadas de manera parcial.
De forma paralela, el Informe Final N°500 de 2025 detectó pagos no acreditados superiores a $782 millones por trabajos de demolición en el sector El Olivar. La auditoría también evidenció irregularidades en los procesos de adjudicación, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental.
A raíz de estos antecedentes, la Contraloría instruyó un sumario administrativo y solicitó información relacionada con una investigación previa llevada adelante por la Fiscalía Nacional del MOP.
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