22 de noviembre 2024

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La Contraloría General de la República (CGR) no encontró irregularidades en las contrataciones de servicios de publicidad que realizó el ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) para la campaña «Chile vota informado».

La fiscalización del órgano contralor se desarrolló luego de una denuncia por eventuales irregularidades que presentaron los diputados José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Cristián Araya y Benjamín Moreno, del Partido Republicano.

De acuerdo a la directora jurídica de la Segegob, el monto destinado a esta campaña asciende a $1.242.617.558, que posteriormente aumentaron a $1.317.242.696.

Así, la Contraloría revisó tres ejes principales: el plan de medios para la campaña; el concepto creativo y la campaña audiovisual; y el posterior aumento de contrato para este último ítem.

El organismo explica que el ministerio que encabeza Camila Vallejo está facultado para actuar como el órgano de comunicación del Gobierno, y asegura que «las licitaciones enunciadas se enmarcan dentro de las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicho objetivo».

Las conclusiones respecto a este proceso indican que «no se advirtieron incumplimientos a la referida ley N° 19.886 y al decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de ese cuerpo legal».

Hay que destacar eso sí, que la CGR advierte que los servicios contratados se encuentran en ejecución y no se han registrado pagos a los proveedores hasta el 16 de agosto, por lo cual el órgano contralor deberá efectuar una segunda etapa de investigación para validar estas prestaciones.

Así mismo, la Contraloría dio cuenta, a través de inspecciones y guías de despacho, que el proveedor a cargo de la realización de los ejemplares impresos de la propuesta constitucional entregó a la cartera un total de 310.392 copias. Del mismo modo se dio cuenta de que al 16 de agosto de 2022 no se habían concretado pagos a los proveedores de los servicios.

En ese sentido la Contraloría examinará dichos aspectos durante la segunda fase de la investigación especial que lleva en dicha cartera, que será cuando se concreten los pagos. También se determinó que la cartera de Vallejo no había transferido recursos para la campaña a otras reparticiones públicas.