La Contraloría General de la República entregó el informe final sobre la auditoria del Gobierno regional de Tarapacá por irregularidades en la compra y entrega de canastas familiares de emergencias en el marco de la pandemia de la pandemia del Covid-19.
En su informe indican que «el precio por caja calculado en la auditoría fue de $39.982 y $40.153, para las provincias de Iquique y del Tamarugal respectivamente, en circunstancias que el monto promedio por caja pagado por dicha entidad, alcanzó un valor de $52.492. Dicho monto sobrepasó en mayor proporción si se compara con el valor referencial de $36.500, pagado en el marco de segunda etapa del mismo programa»
Así mismo, señalan que se «incumplió los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sobre los principios de eficiencia, eficacia y economicidad», por lo que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Publico y del Consejo de Defensa del Estado, dada la investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía Local de Iquique, a fin de que, en razón a sus facultades, puedan efectuar las acciones que estimen pertinentes.
Además, señalan que la Contraloría Regional «inciará un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hechos. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que el Gobierno Regional deberá adoptar para evitar la ocurrencia de situaciones similares a la advertida».
En el informe final también señalan que «se advirtieron deficiencias en la aplicación de los controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19, tales como, debilidades en el sistema electrónico de beneficiarios utilizado y sus registros, el cual consignó 703 beneficiarios con RUN inconsistentes, entrega duplicada de canastas y ayudas otorgadas en un lapso inferior al que se estimó debía durar el beneficio. Por lo anterior, corresponde que la entidad auditada adopte las medidas pertinentes, a objeto de evitar a futuro situaciones como las reprochadas»
Por último señalan que «se verificó la ejecución de un contrato por un tercero distinto a la empresa contratada por la Asociación de Municipios Rurales, Circunstancia que expone al Gobierno Regional al riesgo de ser susceptible de reclamos frente a eventuales incumplimientos de obligaciones de carácter laboral, por parte de empresas con las cuales pasa a tener una relación indirecta, donde no existe un resguardo con la principal, del cumplimiento de dichas obligaciones laborales y previsionales, por lo que deberá acreditar documentalmente la actualización del manual de rendiciones e informarlo a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe final».
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