Contraloría no da curso a nuevo reglamento de la Ley Uber y apunta a deficiencias en justificaciones

La Contraloría General de la República CGR) rechazó el nuevo reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como «Ley Uber», presentado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al detectar una serie de deficiencias en el texto elaborado por la cartera encabezada por el biministro Louis de Grange.

A través de un oficio, el organismo fiscalizador informó que no dio curso al decreto debido a la ausencia de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justificaran diversos cambios introducidos respecto de la versión anterior del reglamento. Además, cuestionó que las modificaciones no fueran sometidas a un proceso de consulta pública.

Entre los principales reparos, Contraloría advirtió que el nuevo texto eliminaba, modificaba o disminuía exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros, como la antigüedad máxima de operación, la antigüedad mínima para la primera inscripción y la cilindrada mínima exigida para los automóviles. Según el ente contralor, dichas decisiones carecían de una justificación suficiente.

La versión del reglamento ingresada por el actual Gobierno buscaba flexibilizar algunas condiciones contempladas en la propuesta anterior, argumentando la necesidad de reducir el impacto de la regulación sobre el empleo y evitar efectos negativos en la oferta del servicio y en las tarifas para los usuarios. Entre los cambios se consideraban mayores márgenes respecto de la antigüedad de los vehículos y la eliminación de requisitos vinculados a la cilindrada y potencia del motor.

Sin embargo, Contraloría sostuvo que estas modificaciones implicaban una rebaja en los estándares exigidos y que, precisamente por ese motivo, debían estar debidamente respaldadas. El organismo señaló que las medidas adoptadas podrían incidir directamente en la calidad mínima del servicio que reciben los usuarios.