Este lunes un grupo de convencionales, liderados por Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), presentaron una moción constitucional para que la Defensoría Penal Pública (DPP) cuente con autonomía en la nueva Carta Magna.
La iniciativa cuenta con el respaldo de diversos integrantes del órgano y cuenta con un solo artículo y en él se establece que “existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Una ley orgánica determinará su organización y atribuciones”.
Tal como planteó Harboe se busca entre otros objetivos “evitar que mañana pueda llegar un gobierno y que considere que en el rol de mantener la seguridad debilite el rol de la DPP, a través por ejemplo de reflexiones presupuestarias o de dejar sin efecto nombramientos. Para ello darle una autonomía constitucional es fundamental”, sostuvo el representante de Ñuble.
El convencional Manuel Jose Ossandón del grupo “Independiente No Neutrales”,por su parte afirmó que “es una propuesta seria, concisa, que le da el rol que merece a la Defensoría con un rango constitucional. Y cierta independencia, que lo pone en igualdad de condiciones con el Ministerio Público
Mientras que su par Helmut Martínez agregó con que “con instituciones o entidades robustecidas, es decir, que tengan más atribuciones y sean más autónomas, también de alguna manera crece la democracia
Según explicaron los promotores de la iniciativa el objetivo de esta moción es establecer en la Constitución política la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública. Agregando el sistema procesal penal se basa en dos instituciones principalmente: el Ministerio Público, que tiene autonomía Constitucional y la Defensoría, que no la tenía, solo tenía una autonomía de carácter legal”, detallaron.
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