La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) inició el juicio por el caso Pavez-Pavez contra Chile, que enfrenta al Estado y a la profesora de religión Sandra Pavez, que denunció haber sido impedida de hacer clases por ser lesbiana.
De acuerdo a su testimonio, en el año 2007 el Liceo Cardenal Samoré de San Bernardo, en el cual trabajaba como docente desde 1985, le quitó su certificado de idoneidad para impartir clases de religión debido a su orientación sexual.
Pavez presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, que determinó que el actuar del establecimiento no fue arbitrario, decisión ratificada por la Corte Suprema el 2018.
Ante esto, la afectada recurrió junto al Movilh a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que llevó el caso a la Corte IDH en febrero del 2020.
La CIDH determinó que «el Estado de Chile es responsable por violación a la vida privada y autonomía, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, al trabajo, a contar con decisiones motivadas y a la protección judicial».
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