La Corte de Apelaciones de San Miguel ha decidido iniciar una investigación sumaria administrativa contra cuatro funcionarios de su jurisdicción. La medida fue adoptada en sesión plenaria encabezada por la presidenta del tribunal, María Catalina González Torres.
Los funcionarios afectados por esta decisión son: Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, notario de la 10ª Notaría con asiento en San Miguel; Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, notario de la 1ª Notaría de San Miguel; y Fernando Martel Costa, ex-notario interino de la 5ª Notaría de La Cisterna. Todos ellos están vinculados a “graves hechos expuestos por la prensa nacional” y antecedentes administrativos previos.
Recordemos que tanto Yáber como Barrena son los protagonistas del registro de la llamada expuesta por la Fiscalía en la primera jornada de formalización en el «Caso Muñeca Bielorrusa», donde señalan que el abogado imputado Mario Vargas habría pagado «1 o 2 palitos de dólares a la Ángela (Vivanco)».
La investigación ordenada por el tribunal de alzada tiene por objeto esclarecer los posibles roles y responsabilidades de estos funcionarios en los hechos que se investigan, y determinar si existieron incumplimientos al deber funcional. La resolución de la Corte de Apelaciones se inscribe en un contexto de mayor fiscalización de la actuación administrativa de órganos archivísticos y notariales.
Este tipo de medidas resalta la importancia de la transparencia y el control dentro del sistema judicial, así como la necesidad de asegurar estándares de ética pública en todos los niveles de la administración de justicia.
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