29 de febrero 2024

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En el marco del caso denominado fraude en el Ejército, también conocido como Milicogate, y que dirige la jueza Romy Rutherford, la Corte Suprema escuchó los alegatos de las partes, luego de que la Corte Marcial acogiera el recurso de amparo presentado por la defensa del ex comandante Ricardo Martínez, en el que principalmente se solicitaba que el ex uniformado declarara en su hogar en Vía Roja, Vitacura, conocida como la casa de los generales.

El recurso fue interpuesto por la defensa de Martínez en carácter preventivo en contra de la ministra en visita, quien determinó que el ex comandante debía declarar ante la jueza. Un día antes la defensa presentó dos escritos para que el acusado pudiera hacerlo en su casa.

La corte marcial acogió el recurso de amparo, pero negó que sea asistido por defensa letrada. La decisión se tomó en una fallo que no fue unánime.

La defensa del ex uniformado, el abogado Manríquez, pidió revocar las decisiones que no se le concedieron y que es posible fijar el domicilio legal del Martinez en Vía Roja, Vitacura, si se considera como una medida cautelar y restrictiva.

Además, esta casa propiedad del fisco, la «casa de los generales», ya no gozaría de dicha calidad puesto que Martínez renunció a su cargo en el ejército y, por tanto, la seguridad se trasladó hasta el hogar del nuevo comandante en jefe.

También, se ha requerido la presencia de un abogado defensor donde sea que se hagan las indagatorias, porque aunque sea militar, no está instruido en letras jurídicas.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, señaló que “No hemos escuchado un argumento concreto de la defensa para señalar que está en peligro la seguridad del general al asistir a declarar”, por lo que solicitó que Martínez concurra hasta donde la jueza Rutherford para ser interrogado.