El partido Convergencia Social (CS), emitió un comunicado respecto a los polémicos hechos en torno al convenio suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
Desde el partido del Presidente Boric que consideraron que «el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse».
«Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más», agregaron.
Además, mostraron su «conformidad con la decisión de la diputada Pérez (RD) de suspender su participación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía«.
En ese sentido, quisieron recalcar que «a diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas».
En el texto también señalan que «como Frente Amplio (…) emergimos como fuerza política condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre política, negocios e influencias y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia».
Por ello sostienen que «ante situaciones que presenten un posible alejamiento de dicha ética pública seamos extremadamente tajantes en esclarecer todas las circunstancias y responsabilidades comprometidas, sin importar si se trata de una situación que afecta a personas de nuestro propio entorno político. Al contrario, con más fuerza debemos hacer valer esas responsabilidades».
Asimismo, también destacaron el pronunciamiento a la Contraloría solicitada por la diputada Pérez (RD); que el MINVU decidió realizar una investigación; y que las personas que suscribieron el respectivo convenio han sido desvinculadas del gobierno.
Por último, dicen reconocer en las acciones que ha tomado «la Dirección Nacional de Revolución Democrática una actitud en la misma línea de transparencia y probidad, al solicitar al Tribunal Supremo del partido una medida cautelar para que las personas involucradas entreguen todos los antecedentes y les sea suspendida la militancia».
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