El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, a propósito de un presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución con fondos que superan los $400 millones. «Respecto de las diligencias resolverá el fiscal asignado al caso», dice el libelo emanado del tribunal. Esto, en el marco de la iniciativa encabezada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.
La querella consigna que la Segpres «puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional (CC). Cuando se contrató la referida impresión, la Convención Constitucional ya no existía, toda vez que con fecha 04 de julio de 2022 había sido declarada disuelta, por ende no es un gasto para su funcionamiento». En el mismo texto se señala que fue el pasado 21 de julio cuando se dictó la resolución exenta Nº 664 suscrita por la subsecretaria Macarena Lobos, donde se autorizó «la contratación directa por un monto de $ 444.615.384.-» para la «impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución». Con esto, además de cuestionar el trato directo para el trabajo, y no llamarlo a licitación, esta labor «no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022».
La querella es contra todos quienes resulten responsables del delito de malversación, pero apunta hacia el ministro Jackson y a la subsecretaria Lobos, a quienes anteriormente se les cuestionó haber encabezado la gestión de impresión de estos ejemplares.
El libelo además detalla que «no se trata de la forma en que fue realizada la contratación, ya sea mediante trato o contratación directa o licitación (pública o privada), sino que en general la referida Ley Nº 21.395 establece una prohibición en tal sentido. La Ley correspondiente (…) no autoriza la contratación (edición) de la impresión de libros», agregando y enfatizando que «los fondos (…) sólo pueden ser utilizado para el ‘funcionamiento’ de la CC».
En tanto, desde la Segpres responden que «hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de información ni hemos sido notificados. Entendemos que, dada la decisión del tribunal, el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una investigación. Sin perjuicio de ello, desde el ministerio reiteramos que los antecedentes han sido siempre de público conocimiento y expresamos nuestra completa disposición a exponer los antecedentes».
De todos modos, el Ministerio Público podría dar curso a las diligencias que se pidieron en la querella, como que se dé orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI, se requisen documentos desde La Moneda y se pida la declaración a Jackson y sus asesores.
Todo esto se da tras el dictamen de Contraloría que determinó que el ministro Giorgio Jackson no se ajustó a la necesaria prescindencia por su rol en el marco de los acuerdos de reformas a la nueva Constitución por parte de los partidos oficialistas.
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