Prácticamente una de cada tres personas imputadas el año pasado lo fue por delitos contra la salud pública -particularmente del artículo 318 del Código Penal-, marcando así un período muy inusual en los tipos y totales de delitos ingresados en comparación con los años previos al inicio de la pandemia de Covid-19.
Al encabezar esta mañana la cuenta pública de la gestión 2020 de la Defensoría Penal Pública, el Defensor Nacional (S), Marco Montero Cid, informó que durante 2019 los ingresos por delitos sanitarios sumaron sólo 201 casos, mientras que el año pasado esa cifra creció exponencialmente hasta sumar 135 mil 916 causas ingresadas, transformándose en la principal categoría del año pasado.
En una ceremonia virtual transmitida a través de las plataformas virtuales de la institución, Montero explicó que durante 2020 la defensa pública registró 359 mil 100 imputadas e imputados atendidos, lo que implicó un aumento de 7 por ciento respecto de 2019. Agregó que, de ese total, el 16,8 por ciento correspondió a mujeres, el 4,7 por ciento a personas extranjeras, el 3,3 por ciento a menores de 18 años y una cifra similar a personas indígenas.
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“El comportamiento de los ingresos de 2020 fue muy diverso respecto del año anterior, período que tras las movilizaciones sociales también mostró características atípicas. Todavía es muy temprano para los análisis, pero sorprende, por ejemplo, que se registrara una baja de 33 por ciento en los ingresos de responsabilidad penal adolescente, con un total neto de 5 mil 878 causas menos que en 2019”, señaló.
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