Denuncian a gobernador de Magallanes por compra directa de inmueble a juez que luego adquirió propiedad de su esposa

Una denuncia formal por graves irregularidades administrativas y posibles hechos constitutivos de delito ingresaron este jueves 3 de julio, ante la Contraloría General de la República, el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y seis consejeros regionales de Magallanes: Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes.

La denuncia señala que el gobernador Jorge Flies aprobó sin inhabilitarse, y sin licitación pública, la compra por parte del GORE de un inmueble en Avenida Alessandri por $797 millones al actual juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio. Dicha propiedad será entregada en comodato como casa de acogida para adolescentes. La operación fue complementada con $432 millones adicionales para su remodelación, alcanzando una inversión total de $1.229 millones en fondos públicos.

Sin embargo, lo más grave, según los denunciantes, es que tres semanas después de concretarse la compra, el juez Vera adquirió una consulta médica por $400 millones a una sociedad donde la esposa del gobernador Flies tiene un 33% de participación, lo que podría configurar un conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

Además, se denuncian vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas contratadas para la tasación del inmueble, informes técnicos contradictorios, y la falta de una resolución fundada que justificara la compra directa.

A esto se suma la omisión de fiscalización por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, pese a haber recibido antecedentes del caso desde septiembre de 2024. Por esta razón, los denunciantes solicitaron que la investigación sea liderada desde el nivel central y, de corresponder, los antecedentes sean derivados al Ministerio Público y tribunales competentes.

Los parlamentarios y consejeros firmantes expresaron su indignación por las irregularidades que se enmarcan en la tramitación de la compra del inmueble que será entregado en comodato por el Gobierno Regional, como casa de acogida de adolescentes.

El senador Kusanovic recordó que ya advirtió la necesidad de agilizar las investigaciones que estaba realizando la Contraloría Regional, sosteniendo que “resulta fundamental que cualquier hecho cuestionable sea investigado con rigor, garantizando que no queden dudas sobre su legitimidad o transparencia”.

Además, el diputado Matheson, enfatizó que: “Estos casos deben ser examinados exhaustivamente, porque los magallánicos merecen que se esclarezca si los recursos públicos regionales se están utilizando correctamente y, de existir uso indebido de fondos públicos, estos hechos no pueden quedar impunes”.

Por su lado, los consejeros regionales, subrayaron su rol fiscalizador y la exigencia de responsabilidades, enfatizando que esta denuncia refuerza el mandato de transparencia en el uso de cada peso del Estado.

En ese sentido, el consejero Max Salas señalo que: “Tuvimos que tener los documentos en nuestras manos para entender el nivel de abuso. Era más fácil creer la mentira de la rectitud que la cruda verdad que hoy revelamos”.