La abogada Karinna Fernández, quien representa a víctimas del caso “Vega González y Otros versus Chile”, presentó una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado chileno, apuntando a un supuesto incumplimiento de una sentencia previa durante la administración del Presidente Gabriel Boric.
El origen del conflicto se remonta a cuestionamientos de las familias afectadas luego de que la Corte Suprema de Chile redujera las penas impuestas a condenados en 14 casos vinculados a esta causa. Posteriormente, la Corte IDH ordenó al Estado ajustar las sanciones conforme a sus estándares, pero además dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Aunque el plazo máximo para concretar esa ceremonia venció en septiembre de 2025, hasta ahora no se ha llevado a cabo. En el nuevo requerimiento, Fernández acusa incluso una negativa del Mandatario a participar en dicha instancia.
“Comunico formalmente la negativa de S.E. el Presidente de la República a participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado en el Punto Resolutivo 13 de la Sentencia del caso Vega González y otros Vs. Chile”, señala el documento presentado ante el tribunal internacional.
En el mismo escrito se agrega que, frente a esta situación, “el Estado sugiere que el acto se desarrolle únicamente con autoridades ministeriales y en dependencias de la Cancillería, y reconoce expresamente que el plazo para dicho cumplimiento venció en septiembre de 2025″.
A partir de estos antecedentes, la defensa solicitó que la Corte IDH “declare el incumplimiento del Punto Resolutivo 13, toda vez que la propuesta estatal no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la Sentencia”.
Cuestionamientos al estándar internacional
Según se consigna en la presentación, la abogada especializada en derechos humanos sostiene que la decisión del jefe de Estado, “comunicada a escasos días del término de su mandato, constituye un incumplimiento flagrante de la modalidad y solemnidad requeridas para un caso de esta magnitud”.
En declaraciones sobre el tema, Fernández expresó su crítica frente a la postura adoptada por el Ejecutivo. Señaló que lamentan “la negativa del Presidente a participar de un acto y también lamentamos ver cómo la agenda sí ha estado dedicada a recibir honores por parte de Carabineros, y también a otorgar honores a generales de las distintas Fuerzas Armadas y de Orden”.
A su juicio, resulta contradictorio que no se priorice el cumplimiento de una sentencia internacional dictada durante la actual administración. En esa línea, afirmó que ello ocurre “cuando uno esperaría que los cierres de estos procesos efectivamente sean prioritarios respecto de sentencias que se dictaron en su gobierno y audiencias que tuvimos en contra también de este gobierno en sede internacional”.
Finalmente, concluyó que “llama la atención que la mayor autoridad justamente sea quien incumpla estas obligaciones y genere obstáculos que nos parecen difíciles de explicar, pero nosotros esperamos ahora que la Corte Interamericana declare efectivamente el incumplimiento por parte de este gobierno y esta Presidencia (…) Nosotros siempre solicitamos coherencia con lo que en otros casos había desarrollado este mismo gobierno, que estuviera el Presidente, que fuera en La Moneda el acto de disculpas públicas como parte de la responsabilidad internacional del Estado”.





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