Un 14,7% aumentaron los casos y denuncias por Homofobia y Transfobia en Chile en 2020, año calificado como el de la “Resiliencia LGBTIQ+” frente a los abusos, los compromisos incumplidos por parte de las autoridades, la carencia de condena pública estatal frente a los delitos de odio y la ausencia de una política focalizada para paliar los efectos del Covid-19, reportó el XIX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Resiliencia, explica la investigación, porque en uno de los escenarios y contextos más adversos para su calidad de vida, la población lésbica, gay, bisexual, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) gestionó sus propios recursos y capacidades para ir en ayuda de los más vulnerables, reaccionar frente a las injusticias y mantener en alto la lucha por la plena igualdad social y legal.
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El informe destaca que el 2020 también se caracterizó por un efectivo aumento de la discriminación; y no solo de las denuncias; por profundas y peligrosas contradicciones en las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad en torno a los derechos LGBTIQ+; por la consolidación jurídica de los derechos trans; por graves retrocesos en el Poder Judicial, que pese a expresarse al unísono que históricos avances volvieron a poner a la Corte Suprema en el Ranking Anual de la Homofobia y Transfobia, lo cual no ocurría desde el 2014; por la primera aparición en el mencionado listado de la discriminación de un/a presidente/a de la República; por la aprobación de dos nuevas leyes que protegen a las personas LGBTIQ+, pero en medio de más retrocesos e incumplimientos legislativos que avances; por el quebrantamiento estatal frente a su primer Acuerdo Internacional pro Derechos LGBTIQ+; por escasos progresos en el plano gubernamental; por la activa autogestión de los movimientos LGBTIQ+ para hacer frente al Covid-19, por la total indiferencia estatal frente a abusos sufridos por activistas LGBTIQ+ y por una transformación sociocultural favorable a la plena igualdad legal y social que es irreversible e imparable, dejando al Estado de Chile muy atrás de lo que reclama y necesita la ciudadanía, todos aspectos analizados detalladamente en el informe.
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