16 de abril 2024

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Este martes, el departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) aprobó extraditar al ex presidente de Perú, Alejandro Toledo (actualmente bajo arresto domiciliario), para que enfrente en su país cargos por corrupción vinculados al caso de la constructora brasileña Odebrecht.

«El gobierno está ahora en proceso de buscar la prisión preventiva de Toledo para ejecutar su entrega a las autoridades peruanas», expresaron los fiscales americanos en un documento. «No hay otras barreras legales para la pronta entrega de Toledo», agregaron.

El ex mandatario es acusado de aceptar alrededor de US$ 35 millones como sobornos, vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú, razón que esgrimieron los fiscales peruanos para demandarlo por confabulación y lavado de dinero; desde 2018 que buscan extraditarlo, solicitud que permitió su detención en EEUU durante 2019. Pero el proceso se ha extendido en el gigante americano.

La extradición fue certificada por el juez federal de California Thomas Hixon, pero para dilatarla Toledo presentó un habeas corpus ante otro tribunal. Otro magistrado negó posteriormente esa petición, así como una solicitud del exmandatario para permanecer en el país mientras apelaba.

El 6 de marzo hay una audiencia, fijada con anterioridad a la decisión del departamento de Estado, y no se sabe si Toledo se entregaría antes de esa fecha. No está claro si Toledo se entregará o si será detenido, ni cuándo podría ser enviado a su país.

En el documento de tres páginas que aparece en el expediente en línea del caso judicial, los fiscales dijeron que el gobierno presentará una moción ante la corte para que se revoque la prisión domiciliaria de Toledo y se ordene que permanezca en prisión con el objetivo de que sea entregado a las autoridades de Perú.

La defensa de Toledo ha expresado su intención de renovar su pedido para permanecer en Estados Unidos, pero los fiscales dijeron que seguirán oponiéndose ya que el secretario de Estado ya aprobó la extradición.

Toledo vive en California y ha alegado que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque la nación sudamericana no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con los cargos específicos, como requiere el tratado. Asegura que no hay razones para creer que haya cometido los presuntos delitos.