22 de abril 2025

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El dirigente mapuche, Diego Ancalao, quien se encuentra a la espera del juicio oral del Caso Convenios en la Región de Los Lagos, aseguró que existe una “red de corrupción” y un “sesgo estructural” que se revela en “un doble estándar inaceptable” del trato que le ha dado el Ministerio Público en comparación al exgobernador regional Patricio Vallespín. En ese sentido, cuestionó que no se encuentre formalizado, considerando que “¿cómo se explica que el entonces fiscal Sambucetti le haya entregado información reservada de una investigación secreta junto a instrucciones precisas sobre cómo eludir las consecuencias del llamado Caso Convenios?”.

Al respecto, Ancalao manifestó que “la forma en que el Ministerio Público ha tratado al exgobernador Patricio Vallespín revela un doble estándar inaceptable, que no se explica únicamente por razones políticas o judiciales, sino por algo más profundo y preocupante: un sesgo estructural que castiga a los disidentes y protege a los poderosos. No es solo mi condición política ni mi identidad mapuche la que marca la diferencia, sino una estrategia institucionalizada para garantizar impunidad a quienes forman parte de redes de poder que atraviesan el aparato público”.

Asimismo, cuestionó “si el Ministerio Público no tuviera intención de proteger al señor Vallespín, ¿cómo se explica que un funcionario estatal, el entonces fiscal Marcelo Sambucetti, le haya entregado información reservada de una investigación secreta, junto a instrucciones precisas sobre cómo eludir las consecuencias del llamado Caso Convenios?”.

“En cualquier otra región del país esa filtración constituiría un delito grave, pero en la Región de Los Lagos, donde la corrupción se estructura como red, esa conducta es ignorada, minimizada, o incluso premiada”, agregó.

En la misma línea, afirmó que “la red de corrupción en Los Lagos no comienza ni termina con Vallespín; se expande a figuras de alta investidura política como el senador Fidel Espinoza, quienes han gozado de una preocupante protección institucional. La Fiscalía no solo se ha negado a investigar en profundidad estos vínculos, sino que ha actuado con diligencia sorprendente para perseguir a inocentes”.

Sobre esto, acusó que “fui privado de libertad durante casi dos años sin haber sido nunca funcionario público ni representante legal de ninguna fundación que recibiera fondos del Gobierno Regional. Fue el senador Espinoza quien mintió deliberadamente, acusándome de representar a la Fundación Kimün, sin prueba alguna, con el único propósito de dañar mi honra y criminalizar mi nombre”.

“Lo más grave es que, a pesar de las pruebas que desmienten dichas afirmaciones, el Ministerio Público actuó como un brazo ejecutor de la voluntad política de sus acusadores. Un mes antes de que se dictara mi prisión preventiva, el exgobernador Vallespín, el senador Espinoza y su círculo de confianza –varios de ellos hoy formalizados– se reunieron en el departamento de una funcionaria imputada. De ese grupo, solo Vallespín, de forma sospechosa, no ha sido formalizado”, complementó.

Considerando todo esto, manifestó que “todo parece indicar que la decisión de mantenerme encarcelado fue política. Se violó el debido proceso, se ocultó información relevante, se mintió ante los jueces, y se utilizó el poder del Estado no para proteger derechos, sino para pisotearlos. Cuando quienes deben ser garantes de la legalidad se transforman en instrumentos de persecución, estamos ante una regresión del Estado de Derecho y un atentado contra los principios fundamentales de la Constitución. Esta no es solo una injusticia individual, es un síntoma de una enfermedad institucional”.

“Porque cuando el Ministerio Público actúa con parcialidad, cuando calla ante el poder y castiga al vulnerable, se transforma en cómplice de la injusticia. Y cuando los partidos políticos –que designan al Fiscal Nacional– son los mismos que perpetúan el conflicto de interés y la persecución histórica contra los líderes mapuche, la democracia se resquebraja. No puede haber justicia donde la verdad se esconde. No puede haber Estado de Derecho donde la ley se aplica según el apellido o la filiación política. Y no puede haber paz social cuando se normaliza la desigualdad ante la ley, cuando la justicia se arrodilla ante el poder”, explicó.

Por lo mismo, concluyó señalando que “la historia juzgará no sólo a quienes cometen injusticias, sino también a quienes las permiten con su silencio. Como alguna vez se dijo, ‘una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes’. Y esa amenaza hoy pesa sobre todo un pueblo que se niega a dejar de luchar”.