La diputada independiente y jefa del comité IND-PPD, Camila Musante, planteó la necesidad de ir más allá de la reforma al Poder Judicial luego que la prensa revelara que el fiscal nacional, Ángel Valencia, poco después de asumir su cargo se reunió con el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro Andrés Chadwick, a quienes habría comprometido “informarles diligencias” que afectaran al ex Presidente Sebastián Piñera. Además, alertó que con la desvinculación de quien fue la jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, “van a prescribir más de 500 causas en materia de DDHH”.
Consultada por los últimos antecedentes sobre la reunión entre el fiscal nacional, el ex ministro Chadwick y el abogado Hermosilla, la diputada Musante (IND) respondió que “son gravísimos los hechos que se dan a conocer. Yo llamaría una vez más al fiscal nacional a que le de claridad, transparencia y certeza al país porque dentro de estos antecedentes también se da a conocer la desvinculación de la jefa de la Unidad de Derechos Humanos que tenía una trayectoria de más de 22 años. A propósito de cuya desvinculación van a prescribir más de 500 causas en materia de Derechos Humanos. Es un daño tremendo a la justicia, a la reparación y otros valores que son fundamentales en la democracia de un país, a propósito de esta movidas que realizaría el fiscal nacional”.
Asimismo, insistió en que “esto es gravísimo y creo que se suma también a otros hechos que oscurecen hoy día al Ministerio Público y su labor, como tiene que ver la eliminación del cargo de cohecho en las gestiones que hizo el ex fiscal Manuel Guerra a propósito del Caso Penta, en particular con Délano y con Lavín”.
“¿Eliminar un cargo en un caso de corrupción y reemplazarlo por otro que tiene una condena menor? ¿Eso es lo que hacen los fiscales en Chile? ¿Toman el teléfono y desvinculan a la encargada de la Unidad de Derechos Humanos para que prescriban más de 500 causas? ¿Eso es lo que hacen los fiscales en Chile?”, cuestionó la parlamentaria.
Considerando todo esto, afirmó que “creo que es de una gravedad que solamente viene a profundizar la crisis que tenemos de desconfianza en torno a la persecución de los delitos y lo mismo que hemos visto en el Poder Judicial”.
Por otra parte, se le preguntó si consideraba que el fiscal Valencia debería permanecer en su cargo y si los parlamentarios podrían indagar esta situación, ante lo que confirmó que “la Cámara tiene la facultad, la Constitución nos faculta a que nosotros podamos fiscalizar al Ministerio Público, para eso se requieren de 10 firmas donde tendríamos que iniciar un proceso (de remoción ante la Corte Suprema)”.
Sin embargo, precisó que “creo que no solamente basta con las acusaciones personales que puedan ocurrir. En mi caso, ahora soy querellante oficialmente y parte del proceso de investigación que se está llevando contra el exfiscal Guerra, me sumó a esa investigación el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Pero además de identificar las responsabilidades individuales, tenemos que generar cambios estructurales”.
Según fundamentó, “pasó respecto de los jueces y ministros. Todavía no hay una reforma que permita cambiar el sistema de nombramiento para que no suene el teléfono Hermosilla u otro. Ahora está pasando respecto del rol que han jugado fiscales, el exfiscal Guerra e incluso está siendo cuestionado hoy día el propio fiscal nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Por qué responden a intereses de terceros, a intereses que participan en grandes causas donde hay grandes conglomerados económicos involucrados? ¿Y qué es lo que vamos a impulsar desde el Congreso Nacional o desde el Ejecutivo?”.
Por este motivo, planteó que “siempre he sido partidaria de perseguir las responsabilidades individuales, como Cámara, a nivel penal incluso si es necesario. Pero nos vamos a quedar cortos si no generamos de una vez por todas una reforma -y voy a ir un poco más allá- no solamente en el Poder Judicial, sino que también que comprenda al Ministerio Público. Así le damos garantías al país de que quienes están encargados de perseguir los delitos y quienes tienen la justicia en sus manos responden a la ley y no a intereses de terceros”.
Ante la insistencia de la prensa sobre acciones que los parlamentarios podrían tomar, comentó que “podemos proceder respecto del fiscal nacional, para eso también se requeriría de 10 firmantes en un inicio y se requeriría también de voluntad para poder aprobar (el proceso de remoción ante la Corte Suprema)”.
“No es una conversación que se haya sostenido con otros parlamentarios. Creo que lo más importante, además de identificar si procede perseguir algún tipo de responsabilidad individual -que creo que es fundamental hacerlo, yo misma lo hecho haciéndome parte de causas penales, en este caso con un ex fiscal pero que también sus actos han dañado la confianza en el Ministerio Público y en la labor que cumple la Fiscalía en la persecución del delito- nosotros como Cámara tenemos que, por sobre todas las cosas hoy día, empujar las grandes reformas que están pendientes”, especificó.
Finalmente, recalcó que “en la Comisión de Constitución tenemos pendiente todavía sacar la reforma al Poder Judicial y por qué no pensar en una misma o lo propio para el Ministerio Público, si al final acá nos estamos dando cuenta que ex ministros de Corte Suprema, actuales ministros de Corte Suprema, fiscales, se dedican a responder a intereses de terceros que son los que los llaman. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día tenemos que blindar, además de evaluar eventuales responsabilidades de carácter individual”.
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