- Legisladora Humanista espera que el Tribunal Constitucional declare la inaplicabilidad de la norma que establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes violen las cuarentenas.
A las 12.30 horas de hoy el Tribunal Constitucional revisará el requerimiento de 43 diputados que busca impugnar la ley que aumenta las sanciones con penas de hasta 5 años de cárcel y multas de hasta 12 millones de pesos, a quienes incumplan las cuarentenas, aspecto que ha sido controvertido por un amplio grupo de parlamentarios.
Una de las firmantes del escrito ante el TC es la diputada Pamela Jiles, quien afirmó que el requerimiento busca «defender a miles de chilenos que, producto esta ley podrían ser sancionados penalmente, cuando precisan justamente lo contrario: ser protegidos por el Estado ante el peligro de enfermedad, hambre y cesantía.»
«Llama la atención la extraordinaria celeridad que tuvo el Ejecutivo para hacerse de un nuevo instrumento de represión a los más humildes, a pesar de haberse indicado en la sala expresa reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto. El ejecutivo presentó el decreto promulgatorio a menos de doce horas de haber sido votada la ley», subrayó la legisladora humanista.
La diputada Jiles sostuvo que espera que el TC declare la inaplicabilidad de esta norma y recordó que «la primera persona en violar la cuarentena fue el Presidente Sebastián Piñera cuando fue a la plaza Baquedano, a quien no se le ocurrió en ese momento que hubiesen penas de hasta 5 años por violentar esas medidas y hoy día se le intentan aplicar a aquellas personas que están desesperadas porque no tienen qué comer».
SIGUE LEYENDO
Diputados presentan indicación para renegociación de contratos eléctricos: “No se queda en la cancha chica como lo ha hecho el Ministro Pardow”
Diputado Lagomarsino (PR) acusa presiones desde La Moneda en favor de Joanna Pérez por voto para presidencia de Comisión Investigadora del Caso Monsalve
«Mintió cuando dijo que desconocía cosas»: Diputado Oyarzo (IND) por declaración de Presidente Boric en Caso Monsalve