La diputada Joanna Pérez (DC) anunció que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, instancia que integra, citará al ministro del Interior Rodrigo Delgado para que responda los cuestionamientos que se le han hecho a las expulsiones de migrantes del país.
Este domingo 56 ciudadanos venezolanos fueron deportados en un avión desde Iquique, el que ya es el tercer vuelo de este tipo que concreta el Gobierno este año y el segundo desde la entrada en vigencia de la nueva ley migratoria.
Y ante los cuestionamientos de distintas organizaciones pro migrantes y de derechos humanos, la diputada Pérez adelantó que tanto el ministro Delgado como el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, deberán dar explicaciones en el Congreso.
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«Se han adoptado decisiones donde no se da el espacio a los tribunales y a la PDI, a coordinar los procedimientos como se merecen, ajustados a derecho. Creemos que aquí hay que iniciar un proceso de fiscalización», sostuvo la parlamentaria.
La presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Vanessa González, aseguró que las deportaciones se están realizando «con completas irregularidades, haciéndolas los fines de semana, donde no dan chance de que puedan sesionar las cortes y acoger los recursos de amparo».
«Muchas de las personas ni siquiera saben que han estado notificadas de expulsión, y estamos viendo que deportaron a 56 personas, muchas de ellas con familia acá, e incluso tenemos testimonios en donde personas deportadas eran sostenedores de sus hogares», advirtió González.
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Esto se suma a las denuncias que han hecho organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o el Servicio Jesuita a Migrantes, que han acusado que el Gobierno ha vulnerado el principio de reunificación familiar y ha hecho las expulsiones durante fines de semana para evitar que los afectados recurran a los tribunales.
En entrevista con Radio Duna, Álvaro Bellolio desmintió esas acusaciones y aclaró que las expulsiones de personas migrantes por la vía administrativa «se notificaron, en promedio, hace dos meses» y que los vuelos se realizan durante los fines de semana «por la disponibilidad de aviones».
«Por lo tanto tenían, al menos, ese plazo amplio para haber hecho una reclamación administrativa, ir a tribunales o hacer una solicitud para entregar información adicional», argumentó Bellolio.
El director del Servicio Nacional de Migraciones confirmó que al menos 10 vuelos más de este tipo se concretarán durante el presente año.
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