Siguen las reacciones ante el caso de dos niñas a las que su padre maltrató con golpes e insultos durante al menos seis años mientras estaban bajo su cuidado en la ciudad de Punta Arenas.
Pese a que el Juzgado de Garantía de esta ciudad lo sentenció a cumplir con una firma mensual ante Gendarmería y no poder acercarse a los afectados durante dos años, finalmente la Corte de Apelaciones magallánica desestimo un Recurso de Apelación presentado por el 21 de noviembre pasado por la madre de las menores, obligándola a “restablecer un régimen comunicacional directo o que se ordene un proceso de revinculación entre las niñas y su progenitor fijando un régimen sin pernoctación”.
Al respecto Ramón Ibáñez abogado que defendió a la madre de las menores, argumentó que el fallo del tribunal de alzada magallánico denunció que la sentencia “no fue apegada a Derecho privilegiando un criterio adulto céntrico imponiendo el interés del padre por sobre el interés superior de las menores”, advirtió el jurista.
Conocida esta resolución la presidenta de la comisión de familia de la Cámara Patricia Rubio condenó el fallo reciente del Tribunal de Punta Arenas. Al respecto la parlamentaria afirmó que “el Estado y la autoridad de una vez por todas deben impedir que los niños sufran este tipo de revictimizacion”.
En tanto Claudia Guerrero, presidenta de la Fundación “No más Abuso Sexual infantil”, advirtió que lo ocurrido en este caso, confirma que “el sistema no considera la opinión o el sentir de los niños” , agregando además “una separación incompresible entre lo que resuelve la Fiscalía con una condena ejecutoriada y el fallo de los tribunales de familia”, subrayó.
Volviendo a la comisión de familia de la Cámara, su presidenta anunció además que la próxima semana oficiará a la Subsecretaría y la Defensoría de la niñez para tome cartas en esta denuncia, además de la promoción de un proyecto de ley que permita suspender el régimen de visitas en casos como el ocurrido en Punta Arenas.
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