Diputado Ilabaca (PS) por fallas en inhibidores de señal en cárceles: “Existe incompetencia de los proveedores y de contratos antiguos”

El diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista) afirmó que “existe una incompetencia por parte de los proveedores de los servicios y de contratos antiguos que no han sido reformados” luego del informe reservado de la Contraloría que detectó graves fallas en el sistema de inhibidores de señales en las cárceles que permiten a los reos acceder a telefonía e internet.

Al respecto, el parlamentario comentó que “cuando hemos conversado con los diferentes Ejecutivos, tanto en el gobierno del expresidente Piñera como en el del Presidente Boric, le hemos señalado con claridad lo urgente que es cerrarle la puerta al crimen organizado, al narcotráfico y la delincuencia”.

En ese sentido, señaló que “uno de los espacios donde más se generan crímenes hoy es al interior de las cárceles. El crimen organizado opera al interior de ellas. Y el gobierno ha desarrollado inversiones importantes para poder inhibir señales de telefonía e internet en las cárceles. Pero resulta que hoy Contraloría nos dice que toda esta inversión está siendo mal utilizada y se va al tacho de la basura”.

“No es posible que hoy nos enteremos por la prensa, gracias a este informe reservado de la Contraloría, que estos inhibidores de señal no están funcionando”, sostuvo el socialista.

Considerando esto, cuestionó “¿Cuáles son las acciones que el Ministerio de Justicia va a desarrollar respecto de este contrato que tiene con una empresa isrealí de más de $5.600 millones?. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar en serio para poder evitar que el crimen siga funcionando desde nuestras cárceles?. Es decir, hoy los criminales están en el mejor de los mundos. La pasan bien en la cárcel, tienen internet y señal telefónica, pueden seguir operando”.

“Esto hay que terminarlo y, por lo mismo, espero que en la Comisión de Constitución donde va a asistir el ministro de Justicia, poder conversar respecto a este tema. Es grave y necesitamos enfrentarlo de manera decidida. Y espero también que el director nacional de Gendarmería dé cuenta de todas las falencias que hoy existen al interior de su servicio, respecto de un tema que es delicado y grave”, planteó el legislador.

Consultado respecto a responsabilidades en esta materia, señaló que “independientemente de la creatividad de los diferentes criminales que están recluidos en las cárceles para desarrollar acciones que les permita utilizar internet o el teléfono, creo que acá existe una incompetencia por parte de los proveedores de los servicios y de contratos antiguos que no han sido reformados”.

“Recordemos que en el mismo informe se señala que tenemos muchos contratos de inhibición de cárcel concesionadas donde lo que se exige es la inhibición de señales 2G. ¿Hoy quién utiliza 2G? Hoy casi todos usamos 3G, 4G y hasta 5G. Entonces tenemos un servicio que está absolutamente dispar con lo que hoy se utiliza”, agregó.

Lo anterior, dijo, “significa que Chile ha desatendido lo que existe hoy en nuestras cárceles. Chile no ha entendido que tenemos que preocuparnos de lo que hacen los criminales después de la sentencia definitiva, porque pareciera que pilado, condenado y preso un criminal, de ahí todos se desentienden. Ahí el gobierno, el Estado en particular, ha estado en deuda respecto a esta materia. Hoy el crimen organizado y el narcotráfico no sólo funciona en las calles, también en las cárceles”.

Además, para abordar esta situación afirmó que solicitará “prioridad al Ministerio de Justicia respecto de un proyecto de ley que está en el primer fast track legislativo, que es la generación de tribunales de ejecución de penas, que es un proyecto de mi autoría y de la bancada del Partido Socialista”.

“Ese proyecto que está en el primer fast track, lo que cambia es que los tribunales se van a preocupar también de aquellas personas condenadas. ¿Saben donde está? En el Senado durmiendo durante más de un año”, complementó.

Finalmente, expresó que “ojalá que hoy el país le ponga atención a los ocurre en las cárceles, porque no es posible que desarrollemos una serie de acciones tendientes a disminuir la criminalidad en las calles, pero desde las cárceles siguen operando como cualquier ciudadano”.